.................... S/ RECURSO DE CASACION

Quién demanda: Nicolás Horacio Rairiz, a través de su defensora particular Luciana Wieckiewick, contra la sentencia condenatoria de primera instancia.

¿A quién se demanda?

Contra el Tribunal en lo Criminal Nº4 del Departamento Judicial San Martín.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Casación de la sentencia condenatoria por insuficiencia probatoria, arbitraria valoración de prueba, quebrantamiento de formas esenciales, violación del debido proceso, defensa en juicio y principio in dubio pro reo. Se solicitaba absolución o, subsidiariamente, cambio de calificación legal.

¿Qué se resolvió?

El Tribunal de Casación Penal rechazó el recurso de casación, confirmando la condena a cuatro años de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia por portación ilegal de arma de guerra, agravada por los antecedentes que registra. Fundamentos principales de la decisión: El voto del Juez Bouchoux, adherido por el Juez Kohan, estableció que: "La evidencia colectada en la instrucción y elevada al rango de prueba válida con la suscripción del acuerdo de juicio abreviado, respalda la teoría de la acusación recogida en la sentencia." Se confirmó que la prueba basal consistió en declaraciones de oficiales de policía y del propietario de la finca donde se secuestró el arma, complementadas con el acta de procedimiento que detalló el secuestro del arma de guerra en poder del encausado, apta y en condiciones de inmediato uso. "A la valoración de los elementos ya señalados, ha de sumarse el informe de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMac), de donde surgió que Rairiz no se encontraba registrado como legítimo usuario de armas de fuego en ninguna de sus categorías. Asimismo, fue meritada la pericia balística efectuada respecto del adminículo que el nocente portaba. El mismo resultó que era apto para cumplir con su función específica y de funcionamiento normal, tanto como sus municiones." El Tribunal rechazó la alegación defensista sobre insuficiencia probatoria, señalando que "la prueba testimonial e indiciaria disponible resulta idónea y eficaz para acreditar la intervención del encausado atento la apreciación de inferencias inequívocas y concordantes que conducen sin esfuerzo a una única conclusión posible, la cual es la adoptada en el pronunciamiento en crisis." Respecto del principio in dubio pro reo, el Tribunal aclaró que "la defensa olvida que la presunción de inocencia impone que será la acusación quien pierda el caso si no hay prueba suficiente de ninguna de las hipótesis fácticas en conflicto en el proceso penal." Asimismo, consideró que no bastaba la invocación de una versión contrapuesta para objetar el análisis de la prueba, siendo necesario demostrar que "el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto impide alcanzar ese grado de convencimiento." Sobre la calificación legal, el Tribunal destacó que las partes habían consensuado en el pacto de juicio abreviado la calificación de portación ilegal de arma de guerra, agravada por los antecedentes, por lo que los cuestionamientos defensistas "aparecen inicialmente debilitados en función de dicho acuerdo." En cuanto a la violación del debido proceso y defensa en juicio, el Tribunal concluyó que "se vio garantizado el debido control de la prueba en el juicio llevado a cabo, tanto por la defensa como por el acusado" y que "en la motivación de la sentencia se ha expresado el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia, no advirtiéndose entonces error en la aplicación de las reglas de la sana crítica."