.................... S/ RECURSO DE CASACIÓN

Quién demanda: Maximiliano Ezequiel Quiñones, a través de su Defensor Oficial Mario A. Nápoli.

¿A quién se demanda?

Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Morón y el Juez de Ejecución interviniente.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Revisión de las decisiones que rechazaron: a) la inclusión al régimen de salidas transitorias, y b) la incorporación al régimen abierto de ejecución de la pena.

¿Qué se resolvió?

- Se declaró inadmisible el recurso de casación Nº 145074 relativo a las salidas transitorias.
- Se admitió la queja Nº 145111 y se casó parcialmente la resolución de la Cámara departamental, ordenando la inclusión de Quiñones al régimen abierto de detención. Fundamentos principales: Respecto del recurso de casación sobre salidas transitorias, el Tribunal sostuvo que "tratándose de resoluciones que, como la aquí impugnada, deniegan o limitan la libertad personal, se impone la necesidad de un doble conforme, con base en el derecho al recurso previsto en los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos". Sin embargo, al encontrarse "la garantía de la doble instancia abastecida, pues tanto el Juzgado de Ejecución interviniente como la Alzada departamental se expidieron en el mismo sentido", y no advertirse "supuesto de arbitrariedad o gravedad institucional que active el control casatorio", se declaró inadmisible el recurso. Respecto de la queja relativa al régimen abierto, el Tribunal consideró que "aún cuando en el caso el requisito del doble conforme se encuentra abastecido, se presenta un supuesto de arbitrariedad y falta de fundamentación en los términos del art. 106 del CPP, que habilita su tratamiento por ante esta instancia casatoria". El Tribunal observó que "la Cámara se apartó del dictamen favorable emitido por el DTC al entender que, previo al régimen abierto, debía evaluarse el progreso del encausado dentro del régimen actual -semiabierto de modalidad limitada-, en el que se encuentra inserto desde octubre de 2024. Esto, en consonancia con el principio de progresividad en la ejecución de las penas." El Tribunal concluyó que "los fundamentos esgrimidos por los camaristas resultan insuficientes para sustentar la denegatoria emitida". Especialmente, destacó que "la normativa de ejecución de la provincia de Buenos Aires establece que el régimen de los condenados será alternativo y no necesariamente secuencial (art. 6 de la ley 12256). En razón de ello, la Alzada local carece de potestad para imponer al encartado que transite de manera progresiva por los distintos regímenes del sistema penitenciario a fin de acceder al régimen abierto pretendido." Asimismo, expresó que "las reservas de orden psicológico esgrimidas por el a quo, no revisten entidad suficiente para alertar en relación a una posible dificultad en su futura reinserción en el medio libre, y no pueden ser consideradas fundamento válido para denegar la petición defensista, por cuanto añaden exigencias adicionales carentes de base legal, y no aportan razones atendibles para la denegatoria del instituto." El Tribunal determinó que la resolución impugnada "resulta arbitraria, en tanto carece de fundamentación y base legal suficiente" y la descalifica "como acto jurisdiccional válido", ordenando en consecuencia la inclusión del penado al régimen abierto de detención para evaluación de salidas transitorias.