C., A. M. S/ ABRIGO

Quién demanda: A.L. (progenitora de la menor A.M.C.)

¿A quién se demanda?

Contra la sentencia dictada por la Jueza de Familia N° 1 de Mercedes

¿Cuál es el objeto del reclamo?

A.L. apela la declaración de adoptabilidad de su hija A.M.C. (nacida el 23/02/2023), argumentando que: (i) la sentencia no valoró correctamente su situación de vulnerabilidad como mujer con discapacidad; (ii) no estaban concluidas las medidas necesarias para fortalecer su rol materno; (iii) cumplía con las indicaciones del Servicio Local y realizaba tratamiento psicológico; (iv) la declaración de adoptabilidad fue fundada erróneamente en el vencimiento de plazos legales sin causales suficientes para apartarla de su hija.

¿Qué se resolvió?

La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia que declaró la situación de adoptabilidad de la menor A.M.C., rechazando los agravios de la apelante. Fundamentos principales de la decisión: La Cámara desarrolló un análisis exhaustivo aplicando principios de interseccionalidad de derechos humanos, reconociendo la especial protección que merecen las mujeres con discapacidad conforme la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, determinó que estos derechos deben armonizarse con el interés superior de la niña. En este sentido, la sentencia expresa: "Por lo cual, teniendo presente que la discapacidad y situación de vulnerabilidad no pueden constituir por sí argumentos válidos para despojar a una persona para ejercer sus derechos fundamentales, como la maternidad, habré de evaluar si efectivamente a la progenitora se le brindaron todas las posibilidades y apoyos necesarios para ejercer su rol materno." La Cámara verificó que la niña fue objeto de dos medidas de abrigo: la primera cuando tenía 4 meses (junio 2023), siendo reintegrada a su progenitor tras mejoras iniciales. Sin embargo, en la segunda oportunidad (agosto 2024), los efectores administrativos documentaron: incumplimiento de pautas de visita, amenazas a la pareja y la menor, falta de adherencia al tratamiento psiquiátrico, episodios de autolesiones en presencia de la niña, violencia física y verbal entre progenitores, publicaciones en redes con imputaciones graves, amenazas contra la vida de la menor, y encierro compulsivo impidiendo el acceso paterno. La sentencia destaca que la propia madre de A.L. denunció a su hija en octubre 2025 por violencia familiar, reportando que continuaba relación con el progenitor de la niña, estaba nuevamente embarazada y había descontinuado tratamiento psiquiátrico: "nunca tomó la medicación... la tiró toda, y ahora la va a tomar menos, porque está embrazada". En cuanto al tiempo como factor crítico, la Cámara precisó: "Los niños y los adultos no tienen la misma percepción del paso del tiempo. Los procesos de toma de decisiones que se demoran o toman mucho tiempo tienen efectos particularmente adversos en la evolución de los niños" (Comité de los Derechos del Niño, Observación General n° 14). Finalmente, la Cámara enfatizó que tras "innumerables intervenciones de larga data de los efectores administrativos y judiciales, las causas que originaron la separación de A. de su familia de origen no han podido ser revertidas", concluyendo: "la decisión a adoptarse debe estar destinada a priorizar el bienestar y pleno ejercicio de los derechos de la niña, sobreponiendo su interés superior por encima incluso, de los de sus propios padres, por más legítimos que puedan resultar".