DOMENECH CARLOS ADRIAN C/ AGENCIA DE RECAUDACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (ARBA) S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

Quién demanda: Carlos Adrián Domenech, empleado de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) desde mayo de 1993, con 31 años de antigüedad al momento de la sentencia.

¿A quién se demanda?

Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) / Fisco Provincial.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reconocimiento del derecho a percibir bonificación por antigüedad al 3% sobre la totalidad de años de servicio. El actor impugna las leyes 11.739, 11.905, 12.062, 12.232, 12.396, 12.575, 12.874, 13.002, 13.154, 13.354 y el decreto 240/96, que redujeron la bonificación al 1% o 2% durante los períodos 1996-2005. Solicita el pago de diferencias salariales con retroactividad decenal, intereses y costas.

¿Qué se resolvió?

El Tribunal hace lugar a la demanda, declarando la inconstitucionalidad de las normas impugnadas y reconociendo el derecho del actor a percibir la bonificación por antigüedad al 3% en todos sus años de servicio. Ordena el cálculo de diferencias salariales desde el 16/04/2023 (dos años antes de la interposición de demanda del 16/04/2025), conforme a los plazos de prescripción establecidos en el Código Civil y Comercial. Impone costas a la demandada. Fundamentos principales de la decisión: "El Estado puede reducir los salarios de sus agentes, salvo que la Constitución Nacional expresamente garantice su intangibilidad, pero para que ello encuentre sustento en nuestra Ley Suprema, debe cumplir ciertos requisitos: que la reducción se adopte ante situaciones excepcionales de emergencia, tenga efectos generales y vigencia para el futuro en forma transitoria y no resulte confiscatoria, es decir, no desnaturalice el derecho a la retribución" (CSJN, Fallos 323:1566, Guida y 326:1138, Müller). El Tribunal destaca que "se advierte que no existió una situación excepcional de emergencia (no hay declaración legislativa que así lo disponga) y que las restricciones implementadas no tuvieron carácter temporario... ya que actualmente los años 1997 a 2005 se siguen computando a los efectos de la bonificación por antigüedad con la disminución cuestionada." Así las cosas, "la circunstancia de que las medidas cuestionadas no se hayan hecho en el marco de una emergencia, sumada a la irrazonable (por ilimitada) extensión temporal de las mismas, lleva a considerar inconstitucionales dichas restricciones a los derechos del accionante." Respecto del principio de progresividad, el Tribunal subraya: "la situación más ventajosa para los trabajadores, que se había logrado en el año 1990 con la sanción de la ley 10.944, sufrió un claro retroceso con las diversas modificaciones posteriores que han generado y generan en la actualidad pérdidas en la retribución que percibe el accionante. Así las cosas, la disminución en el porcentual de la bonificación constituye un retroceso en la composición de la remuneración, incompatible con el principio consagrado en la constitución provincial y en los tratados internacionales antes citados" (artículo 39 inc. 3º de la Const. Prov.; Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; Convención Americana de Derechos Humanos). En materia de igualdad, el Tribunal afirma: "la excepción a algunos supuestos no contemplados en la norma que reglamenta y no a otros -cuya situación no difiere
- viola el principio de igualdad (art. 11 de la Const. Prov.) toda vez que no se advierten circunstancias relevantes para establecer un tratamiento diferenciado a otros agentes públicos -como el aquí demandante
- respecto del porcentual a aplicar para la bonificación en cuestión, como sí resultaría serlo el carácter de magistrado." El Tribunal observa que magistrados y docentes fueron eximidos de las reducciones, lo que evidencia que se trató de un retroceso salarial: "si los magistrados quedaron al margen de las modificaciones dispuestas respecto de la bonificación por antigüedad en razón de la garantía de intangibilidad, no puede sino concluirse que las modificaciones en cuestión implicaron una reducción o disminución salarial." Respecto de la prescripción, el Tribunal aplica la doctrina establecida por la Suprema Corte de Buenos Aires en causa A 78.420, "Ledesma" (sent. 11-IX-2025), conforme a la cual para acciones relativas a diferencias salariales se aplica el plazo de dos años previsto en el artículo 2562 inc. c) del CCCN, en lugar del plazo decenal reclamado por el actor. Por tanto, "las sumas devengadas con anterioridad al día 16/04/2023, se encuentran prescriptas" considerando que la demanda se interpuso el 16/04/2025.