VILLAGRA NELIDA MABEL C/ PODER JUDICIAL DE LA PCIA DE BS AS S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

Quién demanda: Nélida Mabel Villagra, empleada del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires desde el 29 de mayo de 2001.

¿A quién se demanda?

Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires (Suprema Corte de Justicia).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Liquidación y abono de la bonificación por antigüedad al 3% por la totalidad de años de servicios prestados, más diferencias salariales, intereses y costas. La actora impugnó la inconstitucionalidad de múltiples leyes de presupuesto (11.739, 11.905, 12.062, 12.232, 12.396, 12.575, 12.727, 12.874, 13.002, 13.154 y 13.354) que redujeron o eliminaron su bonificación por antigüedad para el período 1996-2005.

¿Qué se resolvió?

El Tribunal hizo lugar íntegramente a la demanda, declarando la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas y ordenando el pago de la bonificación por antigüedad al 3% por todos los años de servicio, con las diferencias salariales desde el 25 de abril de 2022, con intereses al 6% anual. Fundamentos principales de la decisión: El Tribunal sostuvo que "el Estado puede reducir los salarios de sus agentes, salvo que la Constitución Nacional expresamente garantice su intangibilidad, pero para que ello encuentre sustento en nuestra Ley Suprema, debe cumplir ciertos requisitos: que la reducción se adopte ante situaciones excepcionales de emergencia, tenga efectos generales y vigencia para el futuro en forma transitoria y no resulte confiscatoria, es decir, no desnaturalice el derecho a la retribución" (CSJN, Fallos 323:1566, Guida y 326:1138, Müller). En el presente caso, el Tribunal concluyó que "se advierte que no existió una situación excepcional de emergencia (no hay declaración legislativa que así lo disponga) y que las restricciones implementadas no tuvieron carácter temporario... ya que actualmente los años 1997 a 2005 se siguen computando a los efectos de la bonificación por antigüedad con la disminución cuestionada". El Tribunal destacó que en el año 1990, mediante la ley 10.944, se había establecido que la bonificación sería del 3% por cada año de antigüedad, y que posteriormente "la situación más ventajosa para los trabajadores, que se había logrado en el año 1990 con la sanción de la ley 10944, sufrió un claro retroceso con las diversas modificaciones posteriores". Asimismo, enfatizó la violación del principio de progresividad consagrado en el artículo 39 inciso 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que "compromete a la acción pública desde el Estado provincial a incrementar los derechos de los trabajadores en forma progresiva impidiendo todo retroceso en su situación jurídica". El Tribunal señaló que "la disminución en el porcentual de la bonificación constituye un retroceso en la composición de la remuneración, incompatible con el principio consagrado en la Constitución Provincial y en los tratados internacionales" (Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y Convención Americana de Derechos Humanos). Respecto del principio de igualdad, el Tribunal observó que "la excepción a algunos supuestos no contemplados en la norma que reglamenta y no a otros cuya situación no difiere, viola el principio de igualdad (art. 11 Const. Pcial.), toda vez que no se advierten circunstancias relevantes para establecer un tratamiento diferenciado a otros agentes públicos -como la aquí accionante
- respecto del porcentual a aplicar para la bonificación en cuestión". Destacó que magistrados y docentes fueron eximidos de estas reducciones, pero no encontró razones objetivas para tal distinción respecto de otros empleados públicos. El Tribunal aplicó la prescripción conforme al artículo 2562 inciso c) del Código Civil y Comercial de la Nación (plazo de dos años), considerando que la interrupción operó con la presentación de la demanda el 25 de abril de 2024, por lo que fijó como fecha límite para el reclamo el 25 de abril de 2022.