.................... S/ RECURSO DE CASACIÓN

Quién demanda: N.C.L., mediante su Defensor Particular Dr. José Mariano Pérez, interpone recurso de casación contra sentencia condenatoria.

¿A quién se demanda?

Néstor Carlos Loustau, condenado por lesiones graves calificadas.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

La defensa denuncia inobservancia del art. 210 del Código Procesal Penal, alegando errónea valoración de la prueba testimonial. Sostiene que los testigos resultaron poco claros respecto de la individualización de la conducta y responsabilidad del encausado, menciona que solo el padrastro de la denunciante lo señaló directamente, y postula arbitrariedad al elevar declaraciones no corroboradas a certeza judicial, violando el principio in dubio pro reo. Critica también la agravación por violencia de género y por comisión durante espectáculo deportivo sin prueba objetiva de autoría, invocando violación de los principios de legalidad y proporcionalidad.

¿Qué se resolvió?

El Tribunal de Casación rechazó el recurso por improcedente. Declaró admisible formalmente el recurso pero rechazó su procedencia, confirmando la sentencia condenatoria que impuso a Loustau pena de tres años de prisión de ejecución condicional por lesiones graves calificadas por violencia de género cometidas durante realización de espectáculo deportivo (arts. 90 en relación al 92, en función del 80 inc. 11 del Código Penal y Ley n° 24.192). Fundamentos principales de la decisión: El Tribunal estableció que en el marco de un juicio abreviado, la conformidad del imputado supone aceptar la hipótesis fáctica, la calificación y la pena solicitada, constituyendo un pronunciamiento jurisdiccional fundado en análisis racional y lógico de la prueba legalmente incorporada al proceso. Expresó que: "Dentro de este marco -como ya lo he sostenido en numerosos precedentes (causas nro. 54.780, 55.341, 55.510 entre muchos otros)-, corresponde a esta instancia casatoria el control de legalidad y logicidad de la prueba utilizada por el sentenciante, como resultado del equilibrio entre una revisión eficaz e integral de la sentencia de condena, entendido como el más amplio derecho al recurso del imputado, sin desnaturalizar el recurso de casación convirtiendo a éste último, llegado el caso, en un segundo y nuevo juicio". El Tribunal especificó que la defensa no cuestionó la materialidad infraccionaria, sino la autoría penalmente responsable. Sin embargo, consideró que el plexo probatorio resultaba armónico y suficiente. Sostuvo: "En rigor, los deponentes de mención por parte del recurrente pusieron de resalto un altercado o tumulto en el lugar que fuera denunciado como el escenario de los hechos. En ese contexto, todo el plexo de prueba resulta armónico, siendo que los planteos de la defensa no logran ni intentan rebatir la veracidad y contundencia de los justipreciados por el órgano a quo". Respecto de la valoración testimonial, citó jurisprudencia de la propia Sala estableciendo que "el grado de convicción que cada testigo provoca en los jueces de mérito configura una cuestión subjetiva perteneciente a la esfera reservada por la ley para los Magistrados del juicio quienes por su inmediación frente a los órganos de prueba, son los encargados de establecer el mayor o menor valor de las declaraciones testificales". El Tribunal concluyó que los argumentos de la defensa constituían "una fragmentaria, parcial y subjetiva valoración de los elementos de prueba computados por el 'a quo'", siendo "insuficientes para demostrar la existencia de vicios graves y manifiestos que permitan descalificar el fallo como un pronunciamiento judicial válido". Finalmente expresó: "Es a todas luces evidente que las conclusiones de la sentencia impugnada se basaron en un lógico razonamiento que no presentan fisura alguna de prueba pertinente, seria, decisiva y convincente, luciendo el reclamo insuficiente, siendo las críticas efectuadas constituyen consideraciones meramente dogmáticas y son una reedición de las efectuadas en la instancia, las que no alcanzan a conmover lo decidido".