MORALES AMBROSIO SANTIAGO C/ OMINT ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCIÓN DE REVISIÓN DE RESOLUCIÓN DE COMISIÓN MÉDICA JURISDICCIONAL.

Quién demanda: Ambrosio Santiago Morales, trabajador de 56 años, representado por el Dr. Agustín Katz.

¿A quién se demanda?

OMINT Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., aseguradora contratada por la empleadora Coafi S.A. (empresa textil dedicada a tintorería industrial).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Revisión de la resolución de la Comisión Médica Jurisdiccional que rechazó cobertura por enfermedad profesional. El actor reclama indemnización por incapacidad permanente parcial derivada de hernia de disco y daño psicológico provocados por las tareas de operario-maquinista que consistían en trasladar rollos de tela de 20-25 kg diarios, durante 27 años de relación laboral (desde 1991). La primera manifestación invalidante ocurrió el 15 de noviembre de 2017.

¿Qué se resolvió?

El Tribunal condenó a OMINT ART S.A. al pago de $21.981.522,26 por concepto de:
- Prestación Art. 14 a) Ley 24.557: $270.056,54
- Prestación Art. 3 Ley 26.773 (20% adicional): $54.011,31
- Actualización según índice RIPTE desde la fecha de toma de conocimiento hasta la sentencia Se reconoció incapacidad psicofísica permanente parcial del 17,24% (daño físico: 14%; daño psicológico: 5%, reducido por el tribunal respecto del 10% pericial). Fundamentos principales de la decisión: El tribunal estableció que conforme a la prueba pericial médica de la Dra. Susana Mendiola y a la prueba testimonial de compañeros de trabajo, quedó acreditado que el actor sufre: Daño Físico: "...EXAMEN DE LA COLUMNA VERTEBRAL. Columna lumbosacra. Inspección: sin particularidades. Palpación: refiere dolor... IPP 14% (c. lumbar). R.M. Columna Lumbar sin contraste EV. Espondilosis con fenómenos productivos marginales... Deshidratación de los discos intervertebral a nivel L3-S1, con desgarro del anillo fibroso de L3-L4 y L4-L5... Anterolistesis I L5-S1. Abombamiento discal posterior L2-L3. Protrusiones discales posterocentrales y bilaterales L3-S1..." Respecto del daño psicológico, el tribunal modificó el dictamen pericial que había fijado el 10% de incapacidad por "Reacción Vivencial Anormal Neurótica Grado II", reduciéndolo al 5%: "Considero que el porcentaje de incapacidad psíquica es desproporcionado al de la naturaleza y entidad de la patología física. Surge en forma evidente que ambos se encuentran disociados... No advierto la exposición de argumentos objetivos que permitan concluir con ese alto porcentaje de incapacidad psíquica." El tribunal confirmó la causalidad laboral, desestimando la defensa de la ART: "Considero que el actor ha acreditado el carácter laboral (profesional de la enfermedad), la causalidad de las tareas diarias laborales con los padecimientos reclamados." La prueba testimonial de compañeros de trabajo demostró las características de las tareas: "El testigo Juarez declaró que se desempeñó como compañero de trabajo con el actor en la empresa Coafi... El testigo Mogro declaró ser compañero de trabajo del actor... Ambos testigos manifestaron que realizaban junto con el actor trabajo que implicaban un esfuerzo físico significativo en forma diaria. Afirmaron que el actor cargaban rollos de 20 kilos secos y que mojados pesaban 30 kilos." Cuestiones constitucionales: El tribunal declaró la inconstitucionalidad de: 1. DNU 669/19: Confirmó la doctrina SCBA en "Muzychuk", considerándolo "palmaria e insanablemente inconstitucional por no reunir los requisitos que el art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional establece". 2. Art. 6 Ley 24.557: Declaró inconstitucional la restricción que priva de cobertura a las enfermedades no listadas: "Considero que dicha normativa priva a la actora, en el caso concreto, del derecho a una reparación frente a su aseguradora y empleadora, pese a haber acreditado la relación de causalidad adecuada entre las enfermedades padecidas y las tareas realizadas." 3. Art. 12 ap. 2 Ley 24.557 modificado por art. 11 Ley 27.348: Declaró inconstitucional el sistema de actualización por tasa activa del Banco Nación, por resultar insuficiente para preservar el valor real del crédito: "Surge palmario que la aplicación del índice RIPTE consolida los principios de razonabilidad y congruencia, el derecho de propiedad de las partes y la tutela judicial eficaz... Declaro la inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley 24557 modificado por art. 11 apartado 2 de la Ley 27348 (art. 34 CPCC) en el caso concreto por cuanto no preserva adecuadamente el valor real del crédito vulnerando el derecho de propiedad y la garantía de tutela judicial efectiva." El tribunal comparó ambos métodos de actualización:
- Tasa Activa Banco Nación: $1.879.937,37
- Índice RIPTE (coeficiente 67,83): $21.981.522,26 Método de Cálculo Aplicado: Se aplicó el método de capacidad restante conforme al Decreto 659/96, considerando preexistencias del actor (19,02%), con incapacidad médica total del 15,38%, más factores de ponderación por tipo de actividad (10%) y edad (2%), resultando incapacidad final de 17,24%. Aplicación de Ley 27.348: El tribunal ratificó la constitucionalidad de la Ley 27.348 conforme jurisprudencia de la CSJN en los precedentes "Pogonza Jesús c/ Galeno ART S.A." (2-9-2021) y "Behrens Roberto Oscar c/ Asociart ART S.A." (5-11-2024), aplicando IBM de $25.479,07 determinado según RIPTE.