VALENZUELA CLAUDIO ALBERTO C/ AGROSALTA COOP DE SEG Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO)

Quién demanda: Claudio Alberto Valenzuela

¿A quién se demanda?

Juan Carlos Sena y Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada (citada en garantía)

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito ocurrido el 17 de septiembre de 2019. El actor reclama indemnización por: a) reparación del vehículo dañado; b) privación de uso del rodado; c) intereses y actualización monetaria conforme a la inflación.

¿Qué se resolvió?

La Cámara modifica la sentencia de primera instancia en los siguientes términos:
- Daño Material (Reparación): Se eleva de $ 742.200 a $ 1.353.205
- Privación de Uso: Se eleva de $ 70.812 a $ 280.000
- Régimen de Intereses: Se mantiene la tasa pura del 6% anual desde la fecha del hecho (17/09/2019) hasta la sentencia de segunda instancia
- Actualización Posterior: Se declara la inconstitucionalidad sobrevenida del art. 7 de la ley 23.928 y se autoriza la actualización del capital mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más tasa de interés pura del 6% desde la sentencia hasta el efectivo pago
- Costas: Se imponen a la parte demandada Fundamentos principales de la decisión: La sentencia enfatiza que la prueba pericial desinsaculada de fecha 25/4/2023 del ingeniero Lucas Mario Chiani proporcionó tasaciones fiables de los gastos de reparación. La magistrada de primera instancia utilizó el valor del Ius Arancelario como parámetro de actualización, pero la Cámara consideró más adecuado utilizar el índice de Precios al Consumidor del INDEC. Expresamente señala: > "Si bien el mecanismo de actualización utilizado por la sentenciante como parámetro para fijar la indemnización por el presente rubro no ha merecido crítica, lo cierto es que, frente a lo señalado por el accionante, considero, en el presente caso, más adecuado, razonable y proporcionado fijar prudencialmente el parcial, acudiendo a los índices publicados por el INDEC, correspondientes al rubro Precios al Consumidor." Respecto del rubro privación de uso, la Cámara receptó la jurisprudencia establecida en la causa "Soria Carlos Alberto c/ Satro S.A.", reconociendo que la privación de uso constituye un daño indemnizable por el solo hecho de su ocurrencia, sin necesidad de acreditar su afectación a actividad productiva. Señala: > "La indemnización por privación de uso del rodado, como consecuencia de un accidente de tránsito, procede por el solo hecho de su ocurrencia, y debe ser 'considerada fuente de resarcimiento, ya que el vehículo tiene por finalidad tanto el esparcimiento como su utilización como medio de trabajo'." En materia de intereses y actualización monetaria, la Cámara adoptó la doctrina legal establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en las causas "Vera" (C. 120.536), "Nidera" (C. 121.134) y especialmente en "Barrios" (Ac. SCBA 3971/20). Declara: > "En efecto, entre la fecha del hecho dañoso (17/09/2019) y el presente pronunciamiento ha transcurrido un extenso período temporal en un contexto de elevada inflación, circunstancia que constituye un hecho público y notorio. En tales condiciones, la aplicación irrestricta del régimen nominalista aparece susceptible de provocar una significativa disminución del contenido económico de la condena, comprometiendo el principio de reparación integral y la tutela judicial efectiva reconocidos constitucionalmente." La Cámara declara la inconstitucionalidad sobrevenida del art. 7 de la ley 23.928 (prohibición de indexación), fundamentando que en un contexto de inflación extraordinaria, su aplicación rígida conduciría a una pérdida patrimonial injustificada y violaría la tutela judicial efectiva y la protección del derecho de propiedad. Explícitamente expresa: > "Cuando un órgano jurisdiccional considera que una norma legal no puede regir la solución del caso por resultar incompatible con derechos y garantías de jerarquía superior, corresponde explicitar el fundamento constitucional de tal apartamiento. No casualmente, la Suprema Corte de Justicia, al resolver la causa 'Barrios', no se limitó a disponer la inaplicabilidad del