YAQUINTA MARIA CELINA S/ CONCURSO PREVENTIVO(PEQUEÑO)

Quién demanda: María Celina Yaquinta en su carácter de deudora que se presentó en concurso preventivo (pequeño).

¿A quién se demanda?

A sí misma, en tanto deudora insolvente cuya quiebra es decretada.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

La resolución de un concurso preventivo que deviene en quiebra por no presentación en tiempo y forma de la propuesta de acuerdo con conformidad de acreedores conforme a los artículos 43 y 45 de la Ley de Concursos y Quiebras (L.C.Q.).

¿Qué se resolvió?

El Tribunal decreta la quiebra de María Celina Yaquinta y ordena un conjunto integral de medidas tendientes a la administración y liquidación del patrimonio. Fundamentos principales de la decisión: El Tribunal fundamenta la decisión en el incumplimiento de la obligación legal de presentar propuesta de acuerdo en tiempo y forma. Conforme a los artículos 46, 77, 78 y 79 de la Ley 24.522, la falta de presentación de propuesta consensuada con los acreedores genera la decretación de quiebra como consecuencia automática del procedimiento concursal. A partir de esta decisión, el Tribunal ordena el desapoderamiento automático conforme al artículo 106 del Código Civil y artículo 177 inciso 2 de la L.C.Q., disponiendo que "Téngase por operada de pleno derecho el desapoderamiento respecto del deudor de sus bienes existentes a la fecha del presente decisorio y de los que adquiriese hasta su rehabilitación, impidiéndose en consecuencia, el ejercicio de los derechos de disposición y administración." Se decreta inhibición general de bienes conforme al artículo 14 inciso 7 de la L.C.Q., ordenando notificación a múltiples registros (Propiedad, SENASA, Secretaría de Agroindustria, Registro de Marcas y Señales, Oficina de Guías municipal). La sentencia especifica que "la medida dispuesta no se encuentra sujeta a plazo de caducidad alguno y que subsistirá hasta tanto se decrete su levantamiento." Se designan plazos para verificación de créditos (13 de julio de 2026), informe individual del síndico (26 de agosto de 2026) e informe general (28 de septiembre de 2026), conforme a los artículos 200, 201 y 202 de la L.C.Q. Respecto al legajo de copias previsto en artículo 279 de la L.C.Q., el Tribunal dispone su no formación argumentando: "en virtud del tiempo transcurrido -mas de 30 años
- desde la sanción de la ley 24.522 de fecha 20 de julio de 1995, y el innegable avance tecnológico al día de la fecha a través de la informatización de expedientes... resulta innecesario y conspira contra la finalidad aludida por el Máximo Tribunal Provincial."