AMADO, FERNANDA BELEN (D) S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA

Quién demanda: La Asesoría de Menores e Incapaces y la Defensoría Oficial, en representación de los intereses de Fernanda Belén Amado.

¿A quién se demanda?

Fernanda Belén Amado, como sujeto de la determinación de capacidad jurídica.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Revisión trienal de la sentencia de restricción de capacidad jurídica dictada con fecha 10/6/05, conforme lo establecido en los artículos 40 de la Ley 26657 y 625 del Código de Procedimiento Civil y Comercial.

¿Qué se resolvió?

El Tribunal resuelve actualizar la sentencia dictada en autos y mantener la restricción en la capacidad de Fernanda Belén Amado, designando como APOYO a su madre Daniela Cecilia Espinosa. Se establece que la causante posee capacidad plena para actos de la vida diaria (alimentación, higiene, vestimenta, desplazamiento en vía pública) pero requiere apoyo para actos de administración o disposición patrimonial. Fundamentos principales de la decisión: "Que la capacidad jurídica solo puede ser restringida con carácter de excepción y siempre en beneficio de la persona (art. 31 inc b del CCCN), por tanto, la eventual limitación que pudiera establecerse al ejercicio de la capacidad civil, 'siempre debe serlo con contornos acotados, es decir, referidos a actos específicos'". "Que de la pericia de salud mental surge que la causante tiene como diagnóstico discapacidad intelectual leve y epilepsia que padece desde su desarrollo. Asimismo, se señala que el pronóstico es que se trata de un cuadro estable, con posibilidad de mejoría en la adaptación cotidiana con apoyo. Se informa que necesita tratamiento, pero que no requiere internación. Igualmente, se indica que requiere de un acompañante para realizar las tareas comunes de la vida diaria." "Que el CCCN regula la restricción o restricciones en materia de capacidad jurídica bajo el 'modelo de apoyo en la toma de decisiones', autorizando a terceros, quienes actúan como facilitadores del ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad." Se establece una medida cautelar de prohibición de contratar, que impide a la causante realizar actos jurídicos sin el apoyo ordenado. Se determina la obligación del apoyo de rendir cuentas semestralmente. Se reconoce libertad de desplazamiento y se ordena una nueva actualización de pericias en el término de tres años. Se concede beneficio de litigar sin gastos y se comunica a organismos competentes (A.N.Dis. y ANSES) la vigencia plena de la sentencia anterior, decretando prohibición de innovar respecto de los beneficios de pensión no contributiva que percibe.