O., J. M. s/ abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser la víctima menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente y ser encargado de la guarda-

Actor: Defensa técnica de J. M. O. (querellante/recurrente) Demandado: Estado Provincial de Santa Fe (a través de órganos jurisdiccionales) Objeto: Recurso de inconstitucionalidad contra sentencia condenatoria por abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante agravado, promovido por arbitrariedad en la valoración de pruebas y violación de garantías constitucionales (debido proceso, defensa en juicio). Secundariamente, cuestiona: la calificación legal, el concurso real de delitos, el quantum de pena y la aplicación del non bis in idem. Decisión: SE RECHAZA la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La Corte sostiene que los planteos recursivos constituyen "una simple reiteración de las postulaciones expuestas al apelar la sentencia de grado" (punto 4), caracterizando el recurso como "mero disenso con la motivación brindada" sin "idoneidad suficiente para habilitar esta vía de excepción." En cuanto al fondo, la sentencia de Cámara realizó "un análisis exhaustivo" del testimonio de la víctima, incluyendo registros audiovisuales, y ponderó conjuntamente todos los elementos probatorios (testimonios, informes psicológicos, situación de vulnerabilidad de la menor), descartando las hipótesis defensivas sobre conflictos intrafamiliares e imprecisiones temporales. La Magistrada consideró que la víctima "logró hilar de manera coherente y razonada los diferentes hechos" y que las imprecisiones señaladas "no resultaban de una importancia significativa." Respecto al informe psicológico de la defensa, la Cámara concluyó que carecía de "respaldo suficiente, por acceder a los hechos desde la versión sesgada" del imputado, argumentación que la defensa no logra rebatir. En cuanto a cuestiones procedimentales, la Corte desestima la invocación genérica sobre plazo razonable (9 meses y 24 días) por falta de argumentación concreta sobre el agravio de garantías constitucionales.