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Acosta, Aureliano Raúl c/ Superintendencia de Riesgos del Trabajo s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)

Se admitió un recurso de inconstitucionalidad contra sentencia que revocó la declaración de inconstitucionalidad de una norma reglamentaria que excluye del Fondo de Garantía los intereses, costas y gastos. El tribunal anuló la resolución por falta de fundamentación y lesión al derecho a la jurisdicc

Recurso de inconstitucionalidad Derecho a la jurisdiccion Fundamentacion de sentencias Fondo de garantia Ley de riesgos del trabajo Arbitrariedad judicial Falta de motivacion Aseveraciones dogmaticas Derecho de propiedad Debido proceso


¿Quién es el actor?

Aureliano Raúl Acosta

¿A quién se demanda?

Superintendencia de Riesgos de Trabajo (en su carácter de Administradora del Fondo de Garantía)

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reclamación de indemnización por fallecimiento de Mabel Gladys Cardozo; recurso de inconstitucionalidad contra sentencia que revocó la tacha de inconstitucionalidad del artículo 19 inciso 5 del Decreto 334/96 (que excluye intereses, costas y gastos causídicos del Fondo de Garantía)

¿Qué se resolvió?

Se hace lugar al recurso de inconstitucionalidad; se descalifica la sentencia de la Cámara como acto jurisdiccional válido

¿Cuáles son los fundamentos principales?

El tribunal destacó que si bien ordinariamente no revisa valoración de hechos y prueba, debe hacer excepción cuando la fundamentación lesiona el derecho a la jurisdicción. La Sala de Apelaciones revocó la inconstitucionalidad declarada mediante aseveraciones dogmáticas, remitiendo abstractamente a facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo y a precedentes de características disímiles, sin responder los planteos específicos del actor sobre la "inconstitucionalidad sobrevenida" de la norma. El tribunal remarcó que "las sentencias que omiten considerar y decidir cuestiones decisivas oportunamente propuestas, como las que se apoyan en aseveraciones dogmáticas o se apartan de las normas en juego, resultan carentes de la fundamentación exigida para sustentarse como actos jurisdiccionales válidos". La Cámara no consideró las particulares circunstancias fácticas (insolvencia patrimonial de demandados, pulverización de la indemnización) ni los fundamentos del Procurador de la Nación en causa análoga, incurriendo en arbitrariedad.

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