JUAREZ ELIZABETH CECILIA C/ PHARMALURO S.C.S. S/ DESPIDO

¿Qué se resolvió en el fallo?

Quién demanda (Actor): Elizabeth Cecilia Juárez, trabajadora de farmacia. A quién se demanda (Demandado): PHARMALURO S.C.S., empresa farmacéutica. Qué se reclama (Objeto de la demanda): Indemnizaciones derivadas del despido alegadamente incausado y otros créditos laborales por la suma de $4.126.810,91, incluyendo diferencias salariales, horas extraordinarias, integración del mes de despido, vacaciones proporcionales, SAC y daño moral. Qué se resolvió (Decisión del tribunal): El Tribunal hizo parcialmente lugar a la demanda, condenando a la demandada al pago de capital de $324.499,04 (posteriormente actualizado a $7.570.637 según los mecanismos de la Ley 27.802) por: días trabajados con SAC, vacaciones proporcionales con SAC, SAC proporcional e indemnización por falta de entrega de certificado de trabajo conforme art. 80 LCT. Rechazó las pretensiones por despido incausado, diferencias salariales, horas extras y daño moral. Fundamentos principales de la decisión: El Tribunal acreditó la existencia de justa causa para el despido mediante la valoración conjunta y armónica de la prueba testimonial. En palabras del Tribunal: "En tal inteligencia, el hecho en cuestión no puede ser analizado de manera aislada, sino en relación con los antecedentes disciplinarios de la trabajadora, los cuales surgen tanto de la prueba testimonial como de la documental acompañada por la demandada -consistente sanciones previas-. Tales antecedentes evidencian un deterioro progresivo del vínculo laboral y permiten contextualizar la conducta desplegada por la actora al momento del distracto." El episodio generador fue una conducta inapropiada de la actora consistente en increpar a una clienta dentro del establecimiento en un contexto previo de reiterados conflictos interpersonales y sanciones disciplinarias. Conforme el Tribunal: "Dicha conducta, analizada a la luz de los antecedentes referidos, importa una violación a los deberes de conducta, respeto y buena fe que deben regir el contrato de trabajo (arts. 62 y 63 LCT), configurando una injuria de suficiente gravedad que, por su entidad, torna imposible la prosecución del vínculo laboral, resultando proporcional la medida rupturista adoptada por la empleadora en los términos del art. 242 de la L.C.T." Respecto de las horas extraordinarias, el Tribunal determinó: "Imperan las normas procesales que atribuyen a quien afirma el trabajo en exceso de la jornada legal, la carga de la prueba de ello (art. 375 C.P.C.C.). Ninguna prueba produjo la actora a los fines de acreditar en autos su realización, por el contrario, la testimonial recibida fue insuficiente para probar su realización." Sobre la falta de entrega de certificados laborales, el Tribunal sostuvo: "Finalmente, no encuentro verificado en autos la tempestiva entrega del certificado de trabajo y certificación de servicios como así tampoco como efectuados por la demandada el pago de los rubros salariales objeto de reclamo en autos. En este sentido no resulta ajustada a derecho la manifestación efectuada por la demandada en su contestación al sostener que 'La consignación es una facultad, no una obligación. Y ello no genera para quien no opta por consignar carga alguna', por resultar ello contrario a lo dispuesto por el Art. 904 de Código Civil y Comercial de la Nación." Declaración de Inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley 27.802: El Tribunal, de oficio, declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley 27.802. El Tribunal argumentó que esta norma establece un régimen diferenciado de actualización de créditos laborales según la situación procesal del crédito al momento de entrada en vigencia de la ley, vulnerando el principio constitucional de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional, así como las garantías del artículo 14 bis referentes a la protección laboral y el derecho de propiedad del trabajador (artículo 17 CN). El Tribunal expuso: "En consecuencia, declarada su inconstitucionalidad para el caso concreto, la norma resulta inaplicable al presente proceso, debiéndose utilizar, a los fines de actualizar los créditos reconocidos en la presente sentencia, el mecanismo previsto por el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según art. 54 de la ley 27.802)." La diferencia económica fue sustancial: mientras que bajo el artículo 55 los intereses habrían ascendido a $3.394.424 (resultando en un total de $3.718.923), aplicando el mecanismo del artículo 54 (CER+3%) los intereses ascendieron a $7.246.138 (resultando en un total de $7.570.637).