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BERRONDO VICTOR HUGO Y OTROS C/ CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICIA DE LA PRO S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - PREVISION

La Cámara de La Plata confirmó el derecho de los actores a la liquidación de la bonificación por antigüedad en un 3%, considerando inconstitucionales las normas que redujeron dicho porcentaje y la ley 11.739, 11.905 y decreto 240/96, por violar principios constitucionales y derechos adquiridos.

Derecho previsional Bonificacion antiguedad Inconstitucionalidad Principios de igualdad y progresividad Reduccion salarial Normativa legal y decreto 240/96 Derechos adquiridos Retroactividad Accion judicial Jurisdiccion provincial.


¿Quién es el actor?

Victor Hugo Berrondo y otros actores.

¿A quién se demanda?

Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reconocimiento del derecho a que se liquide la bonificación por antigüedad en un 3% respecto de todos los años de servicios prestados, con reconocimiento retroactivo, intereses y costas, declarando la inconstitucionalidad de las normas que redujeron dicho porcentaje.

¿Qué se resolvió?

La Cámara hizo lugar a la demanda y ordenó que se liquide y pague la bonificación en un 3%, considerando inconstitucionales las leyes 11.739, 11.905, y decreto 240/96, por violar derechos constitucionales y principios de progresividad y no regresividad.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La sentencia destaca que las modificaciones normativas implicaron una reducción salarial que vulnera principios constitucionales de igualdad y progresividad, pues "las disminuciones al inicio fueron legítimas, pero su extensión por nueve años constituye un retroceso inconstitucional". Se enfatiza que "el principio de progresividad impone que todas las medidas regresivas en derechos humanos requieran justificación plena", y que el retroceso en la bonificación por antigüedad viola la protección constitucional. La sentencia también analiza la ilegalidad del decreto 240/96, que excluyó a los magistrados y cargos con nivel salarial 20, de modo discriminatorio y en contraposición a la igualdad, ya que "no hay peor injusticia que tratar igual a los desiguales". Se rechaza la prescripción alegada por la demandada, considerando que el hecho de que las diferencias se devenguen en forma continuada impide que opere la prescripción total, y se reconoce el derecho de los actores a recibir las sumas correspondientes, con intereses y actualización.

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