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BROKERS AR Y ASOC. S.R.L. C/ CORPACHE FLAVIA MARIANA S/ COBRO EJECUTIVO

La sentencia de primera instancia rechazó las planteos de inconstitucionalidad y confirmó la ejecución del crédito, estableciendo que la normativa invocada es constitucional y que la actualización del crédito, conforme a la doctrina legal aplicada, no viola derechos constitucionales. La causa continúa con la ejecución y embargo de haberes, y las costas fueron impuestas a la parte vencida.

Recurso de apelacion Ejecucion cambiaria Ley 23.928 Constitucion argentina Inembargabilidad Doctrina legal barrios Actualizacion del credito Embargo de haberes Normativa constitucional Proteccion al consumidor

¿Qué se resolvió en el fallo?

La accionante, brokers de seguros y servicios financieros, promovió proceso ejecutivo contra la ejecutada, Flavia Mariana Corpache, por un pagaré de $268.975, más intereses, costos y costas. La sentencia de primera instancia, tras determinar que la ejecución procede, rechazó los planteos de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, 4 de la ley 25.561, y del decreto 6754/43, argumentando que la normativa es constitucional y aplicable. Además, se rechazó la doctrina legal "Barrios" de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, por considerar que en el caso no resulta aplicable dado que la ejecución es por un crédito dinerario en un proceso ejecutivo, con una deuda determinada en el momento de su constitución. La Cámara dispuso que la ejecución continúe hasta que la ejecutada realice el pago completo del capital, intereses y costas, y las costas del proceso fueron impuestas a la parte vencida. La sentencia destaca que los principios constitucionales de igualdad y protección del consumidor no se ven vulnerados por la normativa aplicable, en particular, que las excepciones del decreto 6754/43 respecto a la inembargabilidad de haberes son constitucionales al considerarse una medida de protección a los empleados públicos en condiciones diferenciadas. La resolución reafirma que la normativa se ajusta a la Constitución Nacional y Provincial, y que la actualización del crédito es compatible con el marco legal vigente.

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