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FORLINO JORGE RAUL c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

La Cámara Federal de la Seguridad Social revoca la sentencia de grado en cuanto a la metodología de actualización de las prestaciones previsionales y declara su inconstitucionalidad, además de ordenar un reajuste específico para enero y febrero de 2021. La decisión se basa en la inaplicabilidad del art. 3 de la ley 27.426 y en que la nueva normativa refleja la insuficiencia de la ley 27.609 y la intención de readecuar la movilidad a la realidad inflacionaria. La Cámara difiere el análisis de inconstitucionalidad para la etapa de ejecución, considerando que la modificación normativa busca garantizar la equidad y la seguridad jurídica del sistema previsional.

Recurso de apelacion Sistema previsional Movilidad previsional Ley 27.426 y 27.609 Inconstitucionalidad Actualizacion de haberes Fallo villanustre Constitucionalidad Reajuste de prestaciones Seguridad juridica

¿Qué se resolvió en el fallo?


- La parte actora demanda la inconstitucionalidad del método de actualización de sus haberes previsionales y la ley 27.426.
- La Cámara analiza los argumentos del organismo demandado y de la parte actora respecto a la metodología de actualización y la constitucionalidad de las leyes de movilidad previsional.
- La Cámara revoca la sentencia de grado y declara la inconstitucionalidad del art. 3 de la ley 27.426 para remuneraciones entre 1991 y 2009, aplicando el índice ISBIC, y también del art. 2 de la ley 27.426, así como la inaplicabilidad del art. 14 de la Resolución SS 6/09.
- Ordena al organismo que reajuste la prestación a enero de 2021 considerando la diferencia entre los decretos de movilidad durante el período suspendido y la movilidad que correspondería con la ley 27.426, solo para los meses de enero y febrero de 2021, y posteriormente aplicar la ley 27.609.
- Difiere el análisis de la constitucionalidad de la ley 27.609 y del Fallo Villanustre a la etapa de ejecución.
- El tribunal confirma la imposición de costas a la demandada y regula honorarios a favor del actor.
- La decisión se fundamenta en que las modificaciones normativas reflejan una intención de garantizar la movilidad y la protección de los derechos de los beneficiarios, en línea con la constitucionalidad del sistema previsional y la doctrina del Máximo Tribunal.

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