DUGO SANDOVAL, AXEL FEDERICO AGUSTIN Y OTROS c/ EN-M SEGURIDAD-PFA Y OTRO s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG

- Quién demanda: La parte actora (por las diferencias salariales y liquidaciones de intereses).

¿A quién se demanda?

El Estado Nacional – Policía Federal Argentina, y en particular en relación con la liquidación y pago de intereses.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

La aprobación de la liquidación en concepto de intereses y el pago efectivo en un plazo de 10 días, además de la impugnación a la intimación de pago por considerarla imposible y vulneratoria de garantías constitucionales.

¿Qué se resolvió?

La Cámara rechazó la apelación del demandado, confirmando la validez de la liquidación y la orden de pago, considerando que las pretensiones de diferimiento o retraso en el pago estaban precluidas y que la sentencia firme condena al pago sin posibilitar reprogramaciones.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"De las constancias de las presentes actuaciones surge, en lo sustancial, que: a) La sentencia del 3/9/2020 reconoció el carácter bonificable de los suplementos creados por el decreto 380/17, ordenando el pago de diferencias salariales desde su vigencia hasta el efectivo pago, con intereses calculados a la tasa pasiva del Banco Central. b) La liquidación de intereses fue aprobada en 26/6/2025, y la liquidación fue practicada en esa misma fecha, confirmando la obligación de pago. c) La decisión de la anterior instancia aprobó la liquidación en concepto de intereses y dictó la resolución cuestionada en 7/8/2025, que fue apelada por la demandada. d) La pretensión del demandado de diferir el pago, alegando procedimientos administrativos complejos y normas presupuestarias, fue considerada inadmisible por la Cámara, ya que la sentencia condenatoria ya había agotado la prerrogativa de diferimiento y la cuestión se encontraba precluida. "Ello, además, en concordancia con la jurisprudencia de la Corte Suprema, que en sentencia del 27/12/2016, en re, 'Curti, Gustavo Alberto', resolvió que el Estado puede diferir el pago de la condena una sola vez, y que ya se había hecho uso de esa facultad, por lo que no cabe un segundo diferimiento." Por todo ello, la Cámara rechazó la apelación y confirmó la resolución de la instancia inferior, imponiendo las costas a la parte demandada."