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TORTOSA, JOSE SEBASTIAN c/ ANSES s/REAJUSTE DE HABERES

La Cámara Federal de La Plata revoca parcialmente la sentencia de primera instancia en el reajuste de haberes jubilatorios, manteniendo la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 807/16 y del resolución 56/2018, y modifica el índice para actualización de la Prestación Básica Universal.

Recurso de apelacion Inconstitucionalidad Jurisprudencia corte suprema Prestacion basica universal Competencia legislativa Reajuste jubilatorio Indice salarial Inconstitucionalidad. Decreto 807/16 Resolucion 56/2018


- Quién demanda: La ANSES

¿A quién se demanda?

José Sebastián Tortosa

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Revisión del cálculo del haber inicial, actualización de la prestación, declaración de inconstitucionalidad de ciertos topes legales y aplicación de índices salariales específicos.

¿Qué se resolvió?

La Cámara hace lugar parcialmente al recurso de la ANSES, revoca la parte de la sentencia que dispuso aplicar el índice de la Ley 27.260, y confirma la invalidez de los topes legales y la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 807/16 y la resolución 56/2018, modificando el índice para actualización de la Prestación Básica Universal, aplicando el índice del precedente “Badaro” para los períodos 2002-2006.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La Cámara considera que la potestad de determinar el índice de actualización corresponde al Congreso, y que la ANSES se ha arrogado una facultad que ya no poseía tras la sanción de la ley 26.417 en 2008. Se cita la jurisprudencia de la Corte Suprema en los precedentes “Blanco” y “Elliff”, que resaltan la competencia legislativa para fijar los índices y la necesidad de respetar los precedentes de la Corte. También se sostiene que la aplicación del índice RIPTE, en lugar del índice de la Ley 27.260, resulta adecuada, y que la decisión de la ANSES de aplicar la resolución 56/2018 fue inconstitucional porque excedió sus competencias. La sentencia confirma que las cuestiones relacionadas con la constitucionalidad del Decreto 807/16 y la resolución 56/2018 deben resolverse con base en los precedentes “Blanco” y “Elliff”. Se desestima además el planteo respecto a la imposición de costas, confirmando la decisión de primera instancia.

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