HUICI, LUIS BERNARDO c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS
La Cámara Federal de Bahía Blanca modificó la sentencia de primera instancia y dictaminó que la ley 27.609, en los años 2022 y 2023, es inconstitucional por no garantizar adecuadamente la movilidad de los haberes previsionales debido a la crisis inflacionaria, ordenando la actualización de los haberes con base en el IPC y estableciendo medidas para reparar los daños.
¿Qué se resolvió en el fallo?
La Cámara analiza la constitucionalidad de las leyes de movilidad previsional, en particular la ley 27.609 y sus decretos, en el contexto de la inflación desde 2022. La Cámara sostiene que el Congreso actuó dentro de sus facultades, pero las fórmulas de ajuste aplicadas resultaron insuficientes y regresivas. La sentencia declara la inconstitucionalidad del art. 1 de la ley 27.609 para los años 2022 y 2023, ordenando la actualización de los haberes en base al IPC, y establece que la fórmula legal no satisfizo el control de constitucionalidad ni el principio de progresividad, por lo que se debe reparar el daño mediante esa actualización. Añade que las medidas adoptadas por el Estado, como subsidios y bonos, no compensaron adecuadamente a quienes perciben haberes superiores, generando un deterioro en la protección social. También se analizan las fórmulas de movilidad anteriores, la crisis inflacionaria y el control constitucional de la razonabilidad y proporcionalidad de las normas. La Cámara concluye que la normativa actual, basada en el IPC, es razonable y constitucional, y que la legislación del Congreso cumplió con el deber de garantizar la movilidad, aunque la crisis inflacionaria afectó la efectividad de la fórmula. La sentencia confirma parcialmente la resolución de primera instancia, ordena la actualización de los haberes y declara la inconstitucionalidad de algunas normas específicas, con costas a la demandada vencida.
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