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LEPORE FRANCISCO c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

La Cámara Federal de la Seguridad Social revisa la constitucionalidad de la ley de movilidad previsional y ordena el ajuste de las jubilaciones, en parte, revocando la sentencia de grado y estableciendo que la movilidad de la ley 27.609 sea diferida para la etapa de ejecución, con énfasis en la necesidad de cautela ante cambios normativos.

Inconstitucionalidad Seguridad juridica Garantias constitucionales Anses Movilidad previsional Ajuste jubilatorio Diferencias previsionales Ley 27.609 Ley 27.426 Dnu 274/2024


¿Quién es el actor?

Francisco Lepore

¿A quién se demanda?

ANSES
- Objeto de la demanda: Reclamó diferencias en la movilidad previsional y cuestionó la constitucionalidad de leyes y decretos que afectan la movilidad de sus haberes jubilatorios.
- Lo que se resolvió: La Cámara revocó la sentencia de primera instancia en cuanto a la negativa de la demanda, declaró la inconstitucionalidad del art. 2 de la ley 27.426, ordenó ajustar la prestación del actor a enero de 2021 con diferencias entre la movilidad percibida y la que le habría correspondido bajo la ley suspendida, y diferió el tratamiento de la inconstitucionalidad de la ley 27.609 para la etapa de ejecución. Además, ordenó el pago de diferencias, costas a la demandada vencida, y reguló honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La Cámara destacó la garantía constitucional de movilidad de los haberes previsionales (art. 14 bis CN) y la necesidad de que las reformas legislativas sean razonables y no comprometan la subsistencia digna de los beneficiarios, remitiéndose a precedentes de la Corte Suprema. Señaló que la ley 27.609, en su esquema de movilidad, fue cuestionada por su impacto inflacionario y la insuficiencia de ajustes, por lo cual consideró prudente diferir el análisis de su constitucionalidad hasta la etapa de ejecución, para evitar resoluciones fragmentadas y asegurar la coherencia normativa. La decisión también consideró la evolución normativa, incluyendo el DNU 274/2024, que introduce una nueva fórmula de movilidad basada en el IPC, y la necesidad de cautela ante cambios normativos que afectan la seguridad jurídica del sistema previsional.

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