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VARAS, MAGDALENA HORTENSIA c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

La Cámara Federal de Bahía Blanca resolvió modificar parcialmente la sentencia de primera instancia, reconociendo la inconstitucionalidad del art. 1 de la ley 27.609 por no garantizar la movilidad previsional en los años 2022 y 2023 y ordenando la actualización del haber previsional de la actora en esos años, en línea con la inflación y principios constitucionales.

Inconstitucionalidad Responsabilidad del estado Derechos constitucionales Seguridad social Inflacion Tratados internacionales Movilidad previsional Actualizacion del haber Costas. Leyes 27.426 27.541 27.609

¿Qué se resolvió en el fallo?

La actora, Magdalena Varas, demandó a la ANSES reclamando la actualización de su haber previsional, alegando que las fórmulas de movilidad vigentes en 2022 y 2023 no garantizan sus derechos constitucionales y tratados internacionales. La Cámara analizó la constitucionalidad de las leyes 27.426, 27.541 y 27.609, concluyendo que estas fórmulas no aseguraron un incremento razonable frente a la inflación, vulnerando el art. 14 bis de la CN y tratados internacionales de derechos humanos. La Corte Suprema y precedentes reconocen que la movilidad jubilatoria es un derecho constitucional que debe garantizarse de modo razonable y proporcional, sin que las modificaciones legislativas puedan conllevar una reducción confiscatoria. La ausencia de consideración de la inflación y la práctica de medidas compensatorias parciales evidencian la inconstitucionalidad del art. 1 de la ley 27.609 en los años 2022 y 2023. La Cámara ordenó actualizar el haber previsional de la actora con base en el IPC, en los períodos mencionados, y dispuso que el monto resultante no sea inferior al que se hubiera liquidado bajo la ley 27.426, además de declarar la inconstitucionalidad del art. 82 inc. c de la ley 20.628 y del art. 3 del DNU 157/2018, imponiendo costas a la demandada. La decisión se fundamenta en que la fórmula legislativa debe ajustarse a los principios de razonabilidad, progresividad y protección de derechos sociales, y que en el contexto inflacionario las medidas adoptadas no fueron suficientes para garantizar la subsistencia digna del beneficiario.

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