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NOCETI, JUAN LUIS c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

La Cámara Federal de Bahía Blanca modificó la sentencia y declaró la inconstitucionalidad de las leyes de movilidad previsional 27.426 y 27.609, ordenando la actualización de haberes previsionales en base a índices inflacionarios, garantizando así la constitucionalidad del derecho a la movilidad.

Recurso de apelacion Seguridad social Indice ipc Movilidad previsional Jur Constitucion nacional art. 14 bis Inconstitucionalidad leyes 27.426 y 27.609 Reparacion de perdida adquisitiva

Actor: Juan Luis Noceti Demandado: ANSES Objeto: Reajuste de haberes previsionales, declaración de inconstitucionalidad de leyes de movilidad y ajuste retroactivo

¿Qué se resolvió?

La Cámara hizo lugar parcialmente a la demanda, declaró la inconstitucionalidad del art. 1 de la ley 27.609 para 2022 y 2023, ordenó la actualización de haberes basada en el IPC, rechazó la inconstitucionalidad de la ley 27.426 y los intereses, y confirmó la inconstitucionalidad del art. 82 inc. c de la ley 20.628 y del art. 3 del DNU 157/2018. La decisión se fundamenta en que las fórmulas de movilidad implementadas no lograron garantizar la protección del derecho constitucional a la movilidad previsional durante los años de alta inflación, y que las modificaciones legislativas posteriores no fueron suficientes para evitar la pérdida del poder adquisitivo, en violación del art. 14 bis de la CN. Se resaltan los informes del Poder Ejecutivo que admiten la ineficacia de las fórmulas y la necesidad de un índice que refleje la variación de precios, concluyendo que la ley 27.609 violó la garantía de progresividad.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La Constitución y tratados internacionales garantizan la movilidad previsional, pero las fórmulas legislativas deben ser razonables y no confiscatorias. La fórmula basada en recursos tributarios y salarios no fue efectiva durante 2022 y 2023, provocando pérdida del poder adquisitivo que debe ser reparada. La declaración de inconstitucionalidad de la ley 27.609 en esos años permite la actualización con índice IPC, que refleja la inflación y evita la regresividad. La ley 27.426 fue considerada constitucional, pero su aplicación en contexto inflacionario fue insuficiente. La jurisprudencia del Máximo Tribunal respalda la necesidad de fórmulas razonables que protejan el derecho constitucional. La sentencia también rechazó los planteos sobre intereses y descuentos en obra social, confirmando la constitucionalidad de las disposiciones legales vinculadas a estos aspectos.

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