LAZARTE EDUARDO c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

¿Qué se resolvió en el fallo?

La parte actora demanda la actualización de su beneficio previsional, cuestionando el método de cálculo y la constitucionalidad de las leyes 27.426 y 24.241. La Cámara revoca parcialmente la sentencia de grado, declarando inconstitucional la metodología de actualización del art. 3 de la Ley 27.426 para remuneraciones entre 1991 y 2009, y ordena aplicar el índice ISBIC dispuesto por la CSJN en autos “Elliff” y “Blanco”. Además, difiere el tratamiento del art. 26 de la Ley 24.241 para la etapa de ejecución, confirma en lo demás la decisión de grado, y establece costas a la demandada vencida. La Cámara sostiene que la comparación de los índices debe priorizar la protección de la integralidad, proporcionalidad y sustitutividad del haber previsional, y que la normativa cuestionada puede resultar confiscatoria si la diferencia porcentual supera el límite del 15% establecido por la CSJN. Fundamentos principales:
- La Cámara remite a la jurisprudencia del precedente “Yopolo Miguel Angel” y otros, donde se analizó la constitucionalidad de los índices de actualización y la aplicación del ISBIC.
- Declara la inconstitucionalidad del art. 3 de la Ley 27.426 en el período comprendido entre 31/03/1991 y 28/02/2009, por considerar que la comparación entre los índices arroja montos superiores a la aplicación del RIPTE, lo que significaría una disminución confiscatoria.
- La Sala afirma que “si la comparación entre la actualización de las remuneraciones mediante el ISBIC arrojara montos superiores a la aplicación del RIPTE para el periodo anterior a febrero de 2009 inclusive, cuyo resultado signifique una disminución confiscatoria y regresiva deberá aplicarse la metodología que mejor resguarde la integralidad, proporcionalidad y sustitutividad del haber previsional con relación a los ingresos activos”.
- En cuanto a la Prestación Básica Universal (PBU), la Sala aclara que no está limitada por la fecha de adquisición del beneficio, sino que debe evitarse la materialización de un efecto confiscatorio, y remite a antecedentes jurisprudenciales que ratifican que no hay un límite temporal para la actualización de la PBU.
- Respecto del art. 9 inc. 3 de la Ley 24.463, declara su inconstitucionalidad cuando la aplicación del sistema de topes