.................... S/INCIDENTE DE EXIMICION DE PRISION
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Junín dejó sin efecto la eximición de prisión concedida a Varela y ordenó su revocación, considerando que la resolución no se encontraba fundamentada en las circunstancias concretas del caso y que la gravedad del delito y antecedentes justificaban la prisión. La decisión se basó en que la exención no cumplía con los requisitos del art. 169 del CPP y que la garantía constitucional de libertad debe ser restrictiva y proporcional, especialmente ante antecedentes penales y gravedad de la imputación. La Cámara puntualizó que la resolución no se encontraba en línea con el derecho vigente y que la protección de la libertad no podía extenderse sin un análisis razonado, por lo que dejó sin efecto la resolución de primera instancia y solicitó al Fiscal de Cámaras que instruya respecto del cumplimiento del art. 51 del Código Penal.
¿Qué se resolvió en el fallo?
La jueza de Garantías de Junín concedió la eximición de prisión a Alejandro Varela, sindicado por tenencia de droga con fines de comercio, fundamentando que no estaban presentes los peligros procesales y que el derecho a la libertad debía ser protegido bajo caución juratoria. La Fiscalía apeló, argumentando que la decisión carecía de fundamentación adecuada y que la gravedad del delito, antecedentes y la escala penal ameritaban la prisión preventiva. La Cámara de Apelaciones revocó la resolución, señalando que la exención no cumplía con los requisitos del art. 169 del CPP, dado que la pena probable superaba los 8 años y los antecedentes del imputado, y que la protección constitucional de la libertad debe ser proporcional y restrictiva. La decisión se fundamentó en que la resolución apelada no era una derivación razonada del derecho vigente, y por ello, dejó sin efecto la eximición y ordenó la revocación de la misma. Los jueces Portiglia y Beraza coincidieron en votar en contra de la eximición, enfatizando que la gravedad del hecho y los antecedentes justificaban la privación de libertad en este caso, en línea con los principios constitucionales y legales aplicables.
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