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SANCHEZ LUIS ALBERTO C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

La demanda de Sánchez Luis Alberto busca el reconocimiento de su derecho a la liquidación de la bonificación por antigüedad al 3% por todos los años de servicio; la Cámara hace lugar a la demanda, considerando la inconstitucionalidad de las normas que redujeron la porcentaje y aplicando los principios constitucionales de progresividad e igualdad.


¿Quién es el actor?

SANCHEZ LUIS ALBERTO

¿A quién se demanda?

MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

¿Cuál es el objeto del reclamo?

reconocimiento del derecho a la liquidación y pago de la bonificación por antigüedad en un 3% para todos los años laborales, retroactivo a la interposición de la demanda o reclamo administrativo.

¿Qué se resolvió?

Se hace lugar a la demanda y se ordena el reconocimiento del derecho del actor a la bonificación del 3% en todos los años de servicio, considerando la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y resoluciones que redujeron o eliminaron dicho porcentaje, incluyendo la aplicación de intereses y actualizaciones.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La controversia radica en si corresponde reconocer al actor la bonificación por antigüedad al 3% en todos los años laborados, en virtud de la inconstitucionalidad de las leyes que redujeron dicho porcentaje. La normativa que reguló la bonificación desde 1996 hasta 2006 estableció diferentes porcentajes, siendo el máximo el 3% hasta 1995, y posteriormente reducido a 1% y luego aumentado a 2% en 2005, pero con modificaciones que implicaron una reducción efectiva del salario y vulneraron principios constitucionales. La jurisprudencia y doctrina constitucional establecen que las medidas regresivas en derechos laborales, especialmente en derechos adquiridos y en la progresividad, son inconstitucionales. La reducción del porcentaje de bonificación por antigüedad en el marco normativo vigente, que se extendió más allá de lo razonable, viola la garantía de progresividad y el principio de igualdad. La modificación legislativa que disminuyó la bonificación fue, en realidad, una reducción salarial que afecta derechos constitucionales, dado que la protección de la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados no puede extenderse a otros dependientes públicos. La prescripción de la acción no opera en este caso, dado que el hecho de la reducción salarial es un hecho continuado en el tiempo, y persiste la obligación de pago. Se reconoce el derecho del actor a la liquidación de la bonificación en 3%, con actualización monetaria e intereses, retroactivos desde la fecha de interposición de la demanda.

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