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CENTURELLI JULIO CESAR C/ MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA PROVINCIA DE BUEN S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

La demanda por reconocimiento de bonificación por antigüedad en el ámbito provincial fue aceptada, declarando inconstitucionales las normas que la restringían y ordenando su pago retroactivo con intereses. El tribunal consideró que las modificaciones normativas implicaron una vulneración de derechos constitucionales y tratados internacionales.

Recursos de apelacion Prescripcion Igualdad Constitucionalidad Derechos laborales Progresividad Reduccion salarial Bonificacion antiguedad Decreto 240/96 Inconstitucionalidad leyes 11.739 11.905


- Quién demanda: CENTURELLI JULIO CESAR

¿A quién se demanda?

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

¿Cuál es el objeto del reclamo?

reconocimiento del derecho a que se liquide la bonificación por antigüedad del 3% respecto de todos los años de servicios, con retroactividad y pago de intereses.

¿Qué se resolvió?

hacer lugar a la demanda y ordenar el pago retroactivo de la bonificación.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La controversia gira en torno a la constitucionalidad de las normativas que redujeron o suspendieron la bonificación por antigüedad desde 1996 hasta 2006, y su posible vulneración de derechos constitucionales y tratados internacionales. El tribunal sostuvo que dichas medidas implicaron una disminución salarial que contraviene la protección del principio de progresividad y la cláusula de igualdad, pues no se aplicó la excepción de medidas temporales y transitorias. Se citan fallos del Tribunal Supremo y doctrinas que establecen que las reducciones salariales deben cumplir requisitos de excepcionalidad y temporalidad, condición que no se cumple en el presente caso, dado que las mismas se prolongaron por más de una década con impacto en derechos adquiridos y en el principio de no regresividad. Además, se rechaza la prescripción alegada por la demandada, por tratarse de hechos continuados. La decisión también reconoce la inconstitucionalidad del decreto reglamentario que asimiló a todos los dependientes del Poder Judicial sin distinguir a los jueces, en violación del principio de igualdad.

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