VALLEJOS PAULA GABRIELA C/ AGENCIA DE RECAUDACION DE LA PROVINCIA DE BS AS S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO
La demanda busca el reconocimiento del derecho a que se liquide una bonificación por antigüedad del 3% en todos los años de servicios. El tribunal hizo lugar a la demanda y ordenó el pago retroactivo del porcentaje conforme a la inconstitucionalidad de las normas que redujeron o eliminaron dicha bonificación.
¿Qué se resolvió en el fallo?
- La actora, Paula Vallejos, demanda a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, solicitando la liquidación y pago de la bonificación por antigüedad al 3%, retroactiva a la fecha de la demanda o reclamo administrativo.
- La defensora fiscal sostiene que la normativa que modificó las porcentajes no viola derechos constitucionales, argumentando que las reducciones fueron legales, temporales y no implican derechos adquiridos, además de invocar la constitucionalidad de las modificaciones y la ausencia de vulneración del principio de igualdad y progresividad.
- El tribunal analiza si las modificaciones legislativas implicaron una disminución salarial que vulnera derechos constitucionales, concluyendo que, en realidad, estas medidas implicaron una reducción salarial definitiva, vulnerando derechos adquiridos y principios constitucionales, en particular el de progresividad y la igualdad.
- Se revisan antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios sobre la constitucionalidad de reducciones salariales, destacando que las mismas no deben ser retrocesos ni afectar derechos adquiridos, y que las medidas tomadas en el caso no cumplen con los requisitos de excepcionalidad y temporalidad.
- Además, se rechaza la prescripción alegada por la demandada, dado que el hecho de la reducción salarial es un hecho continuado, y se reconoce el derecho a la liquidación retroactiva, aplicando intereses y actualización.
- Finalmente, se ordena el pago de las sumas devengadas, actualizadas, con intereses al 6% anual desde cada devengamiento, y las costas a cargo de la demandada.
- La sentencia reconoce la inconstitucionalidad de las leyes 11.739, 11.905, y del decreto 240/96, por afectar derechos adquiridos y vulnerar principios constitucionales de igualdad y progresividad.
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