Logo

SOUTO GABRIELA BEATRIZ C/ INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL S/ AMPARO POR MORA

La sentencia ordena al Instituto de Previsión Social expedirse en un plazo de 5 días en respuesta a la acción de amparo por mora, por incumplimiento en la resolución del recurso administrativo. El tribunal hizo lugar a la demanda y condenó a la autoridad a actuar, fundamentando la decisión en la vulneración de los plazos administrativos y el derecho a una decisión oportuna y fundada.

Incumplimiento Derechos constitucionales Procedimiento administrativo Administracion publica Legalidad Amparo por mora Plazo administrativo Ley 7.647/70 Acciones de amparo Derecho a la pronta resolucion

¿Qué se resolvió en el fallo?

La actora, Gabriela Beatriz Souto, promueve una acción de amparo por mora contra el Instituto de Previsión Social, solicitando que se dicte orden de pronto despacho respecto del recurso de revocatoria presentado el 03/05/2024. La parte actora argumenta que el organismo demandado no se ha expedido en el plazo razonable, vulnerando los principios de legalidad y debido proceso. La sentencia destaca que el proceso en cuestión, previsto en el art. 76 del CCA, busca determinar si existió mora en la administración, y que la demora en la resolución contraviene los plazos legales establecidos en el decreto-ley nº 7.647/70, específicamente en los artículos 77, 78 y 80, que imponen la obligación de la administración de impulsar y resolver expedientes en tiempo oportuno. El tribunal concluye que, dado que no consta en autos el informe requerido y que el trámite fue presentado el 03/05/2024, el plazo para que la autoridad demandada se expida ya ha sido vencido. Señala que la Ley de Procedimiento Administrativo regula los plazos y la responsabilidad por incumplimiento, y que la vulneración de estos constituye una violación del derecho de defensa y del principio del debido proceso. La sentencia, por tanto, hace lugar a la acción de amparo y ordena a la autoridad demandada a expedirse en un plazo de cinco días, sin que ello implique analizar el fondo del pedido administrativo. Se imponen costas a la demandada y se regula honorarios profesionales. Además, se ordena la apertura de la cuenta judicial correspondiente. La resolución se fundamenta en el incumplimiento del deber de la administración de pronunciarse en tiempo y forma, vulnerando derechos constitucionales y legales del solicitante.

Buscá fallos judiciales y jurisprudencia relevante para tu caso

Accedé a la base de datos más completa de jurisprudencia argentina. Encontrá sentencias de todos los fueros y jurisdicciones, con análisis detallado y keywords relevantes.

Comenzar