ALONSO MONICA GRACIELA c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

Quién demanda: Mónica Graciela Alonso.

¿A quién se demanda?

ANSES.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reajuste de la prestación previsional, actualización de la Prestación Básica Universal (PBU), y cuestionamientos a la constitucionalidad de arts. 9 inc. 3) y 23 de la ley 24.463, y de la Ley 26.417.

¿Qué se resolvió?

Se confirmó la sentencia de grado en cuanto a la inadmisibilidad de la actualización de la PBU, aplicando el criterio del precedente “Badaro” y la metodología de análisis de la merma confiscatoria. Se declaró la constitucionalidad de la ley 24.241 y la constitucionalidad del art. 26 de la ley 24.241 en cuanto al diferimiento para la etapa de ejecución. Se diferió la cuestión sobre la aplicación del precedente “Villanustre” y las astreintes para la etapa de ejecución. Se rechazaron los agravios relativos a la aplicación del fallo “Villanustre” de forma definitiva. El tribunal sostuvo que, en los casos donde la actora adquirió el beneficio posterior a la ley 27.609 y no hay remuneraciones anteriores a 2009, no corresponde la actualización del PC ni PAP, y que la incidencia de la PBU sobre el haber total debe calcularse aplicando el índice de salarios “Badaro” y verificando si la diferencia supera el 15%. La sentencia también afirmó la constitucionalidad de los arts. 9 inc. 3) y 23 de la ley 24.463 en el supuesto que la quita sea superior al 15%. Fundamentos principales de la decisión: "En la causa “Quiroga”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resaltó el carácter integral de los beneficios de seguridad social, subrayando que ‘la correcta fijación del monto inicial de los haberes es parte esencial’ para mantener una relación justa con la situación de los activos." "El análisis de la incidencia de la falta de incremento en la PBU sobre el total del haber inicial se realizó en función del método del precedente “Badaro”, para evaluar si la diferencia en el monto final supera el 15%, configurando un carácter confiscatorio." "En el caso de autos, la actora adquirió su beneficio posterior a la entrada en vigencia de la ley 27.609, sin remuneraciones anteriores a 2009, por lo que no se ordenó la actualización del PC ni PAP, y se aplica la fórmula del precedente “Badaro” para determinar si la falta de actualización genera una quita confiscatoria." "Respecto a la inconstitucionalidad del art.