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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SANSON , JUAN MARTIN s/INFRACCION LEY 23.737 PRESENTANTE: SANSON, JULIANA Y OTRO

La Cámara Federal de Córdoba confirmó la sentencia que responsabilizó a Juan Martín Sansón por delitos de transporte y tenencia de estupefacientes y rechazó la inconstitucionalidad del mínimo de la pena prevista, considerando proporcional y ajustada a principios constitucionales y convencionales.

Apelacion Inconstitucionalidad Proporcionalidad Prueba pericial y testimonial Transporte de estupefacientes Decomiso Pena condicional Juicio abreviado Tenencia con fines de comercializacion Responsabilidad penal

Actor: El Estado, en representación del Ministerio Público Fiscal. Demandado: Juan Martín Sansón. Objeto: La condena por transporte y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y la imposición de pena y decomisos derivados del acuerdo de juicio abreviado.

¿Qué se resolvió?

La Cámara hizo lugar a la apelación y confirmó la responsabilidad penal del imputado, rechazando la inconstitucionalidad del mínimo de la pena y ajustando la pena a tres años de prisión condicional, multa, y la destrucción de las sustancias, y ordenando el decomiso del vehículo, dinero y elementos utilizados para cometer el delito.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

“El análisis de la prueba colectada, incluyendo pericias químicas, testimonios y chats, demuestra la existencia del hecho y la participación del imputado. La conducta de Sansón, que traslada 1965 gramos de marihuana, se subsume en el art. 5 inc. c de la ley 23.737, y su tenencia en su domicilio para comercialización también encuadra en el mismo artículo. La proporcionalidad de la pena de tres años de condena condicional se justificó considerando sus circunstancias socioeconómicas, su colaboración con la justicia, la escasa gravedad del hecho y la no pertenencia al mundo del narcotráfico. La declaración de inconstitucionalidad del mínimo de la pena prevista en el art. 5 inc. c de la ley 23.737 fue rechazada, por cuanto imponer la pena mínima efectiva violaría principios constitucionales y convencionales, y la norma no resulta desproporcionada en este caso particular.”

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