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B., M, J c/ ESTADO NACIONAL -MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION Y OTRO s/PRESTACIONES FARMACOLÓGICAS

La Cámara Federal de Córdoba confirmó la decisión que ordenó la cobertura del medicamento Rituximab 500 mg en favor de la actora, sosteniendo que el Estado Nacional tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud, y que la responsabilidad del Estado en la provisión de medicación no puede ser desentendida por las jurisdicciones locales.

Recurso de apelacion Derecho a la salud Responsabilidad del estado Jurisprudencia Derechos constitucionales Jurisdiccion nacional Accion de amparo Cobertura medica. Proteccion juridica Obligacion de garantizar medicamentos

¿Qué se resolvió en el fallo?

Cobertura del 100% del medicamento Rituximab 500 mg, en el marco de una acción de amparo por enfermedad de la actora, que requiere tratamiento específico. Decisión: La Cámara hizo lugar a la apelación del Estado, confirmando la resolución de primera instancia que ordenaba la cobertura del medicamento. La sentencia fundamentó que el derecho a la salud es un derecho fundamental reconocido por la Constitución Nacional, tratados internacionales y jurisprudencia, y que el Estado Nacional, en su carácter de garante, debe garantizar la provisión del medicamento. Se destacó que la responsabilidad del Estado no se limita a la jurisdicción local, sino que también incluye a la Nación, dada su obligación de garantizar derechos constitucionales y convencionales. La Cámara sostuvo que la adquisición y provisión del medicamento forman parte de las obligaciones del Estado en materia de salud, y que la responsabilidad de la jurisdicción provincial no exime al Estado Nacional de su deber. La sentencia rechazó los agravios relacionados con la falta de legitimación pasiva del Estado y con la supuesta arbitrariedad de la resolución, argumentando que la protección del derecho a la salud requiere una acción efectiva del Estado, y que la normativa internacional y la jurisprudencia respaldan esta obligación. Además, se confirmó la regulación de honorarios en los términos del mínimo legal, destacando la diligencia del letrado en la defensa del interés del amparista.

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