MINISTERIO PÚBLICO - DEFENSORÍA GENERAL DE LA CABA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en MLM CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - HABITACIONALES

- Quién demanda: MLM, en representación de su grupo familiar, por una acción de amparo y cautelar contra el GCBA.

¿A quién se demanda?

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires — Secretaría de Integración Social y Urbana.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Solución habitacional definitiva en el marco de la urbanización de Villas 31 y 31bis, incluyendo la asignación de una vivienda específica en el Sector Containera, y la protección de derechos constitucionales en relación con la vivienda y la protección de la familia.

¿Qué se resolvió?

Se rechaza la queja por inconstitucionalidad presentada por la parte actora, confirmando la decisión de la Cámara que ratificó la incorporación en el listado de beneficiarios y la relocalización, considerando que las decisiones judiciales se ajustaron a derecho y que los agravios no configuraron una cuestión constitucional clara. La sentencia reconoce que la familia se encuentra en situación de fuerza mayor debido a violencia familiar y condiciones de vulnerabilidad, y que el derecho a vivienda debe ser garantizado en condiciones adecuadas y en cumplimiento de las disposiciones legales y judiciales.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El recurso de inconstitucionalidad no presenta una cuestión constitucional clara y precisa, ya que los planteos se circunscriben a interpretaciones de hechos, pruebas y normas aplicadas en el caso concreto. Además, las cuestiones constitucionales invocadas no guardan relación directa y concreta con la decisión impugnada, y los agravios son genéricos y no constituyen una afectación constitucional manifiesta. La jurisprudencia indica que la mera invocación de derechos constitucionales sin fundamentación suficiente no habilita la vía de la inconstitucionalidad." "La parte actora y su grupo familiar fueron relevados en un contexto de violencia familiar, circunstancias que justifican la imposibilidad de participar en el censo y en el proceso de relocalización en forma efectiva, configurando un caso de fuerza mayor que exime de la responsabilidad por el incumplimiento de las condiciones inicialmente previstas." "La resolución impugnada se ajusta a derecho, ya que la Cámara valoró correctamente las pruebas y la situación de vulnerabilidad, y no se advierte que la decisión vulnerara derechos constitucionales de manera clara y concreta. La protección del derecho a vivienda en el marco de la ley 3343 y las resoluciones administrativas se encuentra garantizada en el proceso judicial."