GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en JALIF, ANA CRISTINA Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE EMPLEO PUBLICO (EXCEPTO CESANTIA O EXONERACIONES) - EMPLEO PUBLICO-DIFERENCIAS SALARIALES

El actor, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), interpuso queja contra la resolución de la Sala III que denegó su recurso de inconstitucionalidad. La demanda original fue presentada por agentes del GCBA que reclamaron la declaración del carácter remunerativo de ciertos suplementos salariales acordados en actas paritarias, además del pago de diferencias y sus intereses. La jueza de primera instancia admitió parcialmente la demanda, reconociendo la naturaleza remunerativa de algunos suplementos abonados en pago único y que respondían a correcciones salariales. La Sala III rechazó la apelación del GCBA y confirmó la naturaleza remunerativa de los suplementos, fundamentando que estos respondían a correcciones salariales y se abonaron de manera general a todo el personal de planta permanente, en línea con la doctrina de la CSJN en el fallo “Benítez”. El GCBA planteó recurso de inconstitucionalidad, que fue denegado por la Sala III. La parte recurrente argumentó que la valoración de la prueba y la interpretación normativa infraconstitucional vulneraban derechos constitucionales, pero el tribunal concluyó que sus agravios se limitaban a disputas sobre hechos y valoración de prueba, sin demostrar un caso constitucional que habilitara la revisión extraordinaria. La resolución también indicó que los planteos del GCBA no lograban demostrar arbitrariedad ni vulneración constitucional, y que sus críticas eran genéricas y no fundadas. Fundamentos principales:
- La magistrada Weinberg expresó que la queja no podía prosperar porque no lograba poner en crisis la resolución que denegó el recurso, ya que los agravios se referían a valoración de la prueba y normativa infraconstitucional, cuestiones propias de los jueces de mérito.
- La jueza Ruiz agregó que la queja no contenía una crítica suficiente ni fundada, limitándose a manifestar disenso con lo resuelto, sin demostrar arbitrariedad o vulneración constitucional.
- La jueza Langhe sostuvo que la apelación del GCBA se limitaba a discrepancias de hecho y valoración probatoria, y que no acreditaba un caso constitucional habilitante, reiterando la doctrina de que la simple disconformidad no constituye arbitrariedad.
- El juez Otamendi coincidió en la inadmisibilidad de la queja, adhiriendo a los fundamentos de sus colegas.
- El juez Lozano, en minoría, propuso hacer lugar a la queja y revocar la sentencia, considerando que existían fundamentos constitucionales en los agravios