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MINISTERIO PÚBLICO - DEFENSORÍA GENERAL DE LA CABA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en CARRIZO, JIMENA GABRIELA SOBRE 174 5 - DEFRAUDACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTROS

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rechaza la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad contra resolución que confirmó rechazo de suspensión del proceso a prueba a funcionaria policial. La decisión está fundada en la análisis de la ley y las constancias del expediente.

Beneficio de litigar sin gastos Fundamentacion del recurso Falta de fundamentacion Suspension del juicio a prueba Funcionarios publicos Cuestiones de hecho y prueba Deposito previo Facultades del ministerio publico fiscal Queja por denegacion del recurso de inconstitucionalidad Cuestion no constitucional Diferimiento del deposito Cuestion de derecho publico local


- Actor: Ministerio Público
- Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Demandado: Jimena Carrizo (funcionaria policial)
- Objeto de la demanda: Recurso de inconstitucionalidad contra la decisión que confirmó el rechazo a la suspensión del proceso a prueba.
- Decisión: El Tribunal rechaza la queja, considerando que la resolución no constituye una sentencia definitiva ni implica una arbitrariedad, y que la defensa no logró demostrar que la norma impugnada viola principios constitucionales. La mayoría destaca que la interpretación de las normas (art. 76 bis, inc. 7°, CP y art. 205, CPP) fue razonada y fundada en las constancias del expediente. La defensa argumentó que la norma afecta derechos constitucionales como la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley, pero el Tribunal concluye que sus planteos son cuestiones de derecho común y de mérito, ajenas a la instancia de revisión extraordinaria. La Cámara también analizó que la norma busca brindar mayor resguardo a los individuos frente a funciones del poder estatal y que la interpretación efectuada por los jueces fue razonable y fundada.
- Fundamentos principales: La resolución impugnada no configura una sentencia definitiva; el análisis de las normas y hechos fue correcto y razonado; la interpretación de los jueces no fue arbitraria; los derechos constitucionales invocados no resultan vulnerados por la interpretación de la ley.

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