Reyes Marín, Dante Arnaldo s/ SACAyT - otros en/ Reyes Marín, Dante Arnaldo c/ Consejo de la Magistratura s/ acceso a la información (incluye Ley 104 y ambiental)
La Sala del Tribunal Superior de Justicia denegó la queja del GCBA contra la resolución que ordenó practicar una nueva liquidación salarial en un caso de empleo público. La decisión se fundamenta en la similitud de la cuestión con resoluciones anteriores y en la doctrina consolidada del tribunal.
- Quién demanda: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA)
- A quién se demanda: Tribunal Superior de Justicia (por la denegatoria de la queja)
- Qué se reclama: Revisión de la decisión que ordenó la práctica de una nueva liquidación salarial, en particular en relación a la declaración de carácter remunerativo de ciertos suplementos y las retenciones previsionales.
- Qué se resolvió: Se rechaza la queja del GCBA, confirmando la legalidad de la resolución que ordenó la liquidación, fundamentándose en precedentes del tribunal que sostienen la constitucionalidad de los procedimientos similares en materia de empleo público y diferencias salariales.
- Fundamentos principales:
"La cuestión planteada en autos es sustancialmente similar a la resuelta por este Tribunal en las causas n° 23550/17-1 y n° 45800/12-1, sentencias del 09-02-2022 y 10-02-2022, en las cuales se sostuvo que la declaración del carácter remunerativo de ciertos suplementos y la liquidación de aportes previsionales deben ajustarse a las pautas establecidas en la normativa vigente y en la jurisprudencia consolidada del tribunal. La interpretación del recurrente respecto a la Ley 24241 y las obligaciones de retención mensual no altera estos lineamientos, por lo cual la resolución que ordenó la liquidación no resulta inconstitucional."
"En virtud de lo expuesto, y oído el dictamen del Fiscal General Adjunto, se decide rechazar la queja, confirmando la resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo."
"La decisión se fundamenta en la necesidad de mantener la uniformidad en la interpretación de las normas sobre empleo público y las obligaciones previsionales, garantizando la seguridad jurídica y la coherencia de las decisiones jurisdiccionales."
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