INCIDENTE DE COMPETENCIA EN AUTOS ECHEVERRÍA, BRENDA NICOLE SOBRE 150 - VIOLACIÓN DE DOMICILIO S/ CONFLICTO DE COMPETENCIA

¿Qué se resolvió en el fallo?

El actor, EECC, promovió amparo contra el GCBA y el IVC para obtener una solución habitacional definitiva y permanente, en virtud de su situación de vulnerabilidad, incluyendo a un niño discapacitado a cargo. La primera instancia hizo lugar al amparo y ordenó garantizar el contenido mínimo del derecho a la vivienda, rechazando la acción contra el IVC y la solicitud de asistencia social. La Cámara de Apelaciones modificó parcialmente esa sentencia, condenando al GCBA a presentar una propuesta para ofrecer un alojamiento adecuado y manteniendo los efectos de la medida cautelar hasta su cumplimiento, fundamentando que el grupo familiar se encontraba en pobreza crítica y requirió atención prioritaria. El GCBA interpuso recurso de inconstitucionalidad, alegando arbitrariedad y disidencia con la normativa y jurisprudencia, pero la Cámara denegó el recurso por falta de caso constitucional y arbitrariedad en la sentencia. La queja del GCBA fue rechazada por los jueces Lozano, Weinberg, Langhe, Otamendi y Ruiz, quienes concluyeron que no se acreditaba la relación entre las normas constitucionales invocadas y la resolución, y que la sentencia de la Cámara estaba fundada y fundamentada, ajustada a la ley y la jurisprudencia, sin evidenciar errores de gravedad extrema o arbitrariedad. Fundamentos principales:
- La queja no logra demostrar que la resolución atacada incurriera en arbitrariedad o vulnerara derechos constitucionales de manera suficiente.
- La sentencia de la Cámara se fundamentó en la situación de vulnerabilidad del grupo familiar y en la normativa y jurisprudencia aplicables, particularmente en la sentencia del 21/3/2014 que reconoció el derecho a alojamiento en casos de pobreza crítica.
- La invocación genérica de violaciones constitucionales no conecta con las razones fundantes de la decisión, y los agravios del GCBA son una mera disconformidad con lo resuelto.
- La doctrina de la “gravedad institucional” no es aplicable en el caso, pues no se demuestra impacto sobre intereses de la comunidad o principios constitucionales básicos.
- La resolución judicial fue adecuada, fundada y ajustada a derecho, por lo que corresponde rechazar la queja del GCBA.