GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en ARNO, SERGIO GABRIEL CONTRA GCBA SOBRE RECURSO DIRECTO DE REVISION POR CESANTIAS Y EXONERACIONES DE EMPLEADOS PUBLICOS (ART. 464 Y 465 CAYT)

- Quien demanda: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA)
- A quién se demanda: Actor Sergio Gabriel Arno (empleado público)
- Qué se reclama: Revisión de la resolución que dispuso la cesantía del actor por incumplimiento de obligaciones y participación en causa penal, y la declaración de inconstitucionalidad de la sanción.
- Qué se resolvió: La Cámara de Apelaciones denegó el recurso de inconstitucionalidad del GCBA, considerando que los agravios no lograban demostrar vulneración constitucional, y que los aspectos cuestionados corresponden a cuestiones de hecho y prueba, además de normativa infraconstitucional. La queja del GCBA fue rechazada por insuficiente fundamentación, sin que exista vulneración de derechos constitucionales o gravedad institucional que justifique la intervención del Tribunal.
- Fundamentos principales: La juez Weinberg sostuvo que la queja no logra conmover los fundamentos de la sentencia que la denegó, ya que no se critican concreta y fundadamente las razones de la Cámara, sino que se dirigen a cuestionar interpretación de hechos y normativa infraconstitucional. Añadió que la ausencia de crítica concreta sobre estos razonamientos hace que la queja carezca de la fundamentación exigida. La jueza Ruiz señaló que no existe una relación directa entre los agravios y la vulneración de derechos constitucionales, sino que se centran en revisar hechos, prueba y normativa infraconstitucional, lo cual es ajeno a esta instancia. Además, que los planteos sobre arbitrariedad y gravedad institucional no fueron demostrados. Los jueces Otamendi y De Langhe coincidieron en que los planteos del GCBA no evidencian comprometer cuestiones constitucionales, sino una discrepancia sobre interpretación de la competencia del Procurador General y la legalidad del acto sancionario, que no corresponde a esta instancia revisar. El juez Lozano afirmó que los planteos del GCBA no muestran una cuestión constitucional ni arbitrariedad, y que la resolución no afecta derechos constitucionales ni interés colectivo relevante, además de que la condena penal posterior al acto sancionatorio permite la posibilidad de nuevos actos administrativos.