Benítez, María Fernanda contra FCA S.A. de ahorro para fines determinados y otros sobre relación de consumo
La sentencia declinó la competencia entre juzgados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y asignó la competencia al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 21 debido a la naturaleza de los hechos y la jurisprudencia aplicable.
¿Quién es el actor?
Fiscalía General Adjunta y las partes involucradas en el incidente de competencia.
¿A quién se demanda?
No se demanda en este incidente, solo se resuelve la competencia.
- Objeto de la demanda: Determinar qué juzgado es competente para entender en la causa por hechos relacionados con defraudación mediante manipulación informática.
- Decisión del tribunal: La sentencia declara competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 21. La jueza Alicia E. C. Ruiz y los jueces Lozano, Otamendi, De Langhe e Inés M. Weinberg coincidieron en que, por la descripción de los hechos y la jurisprudencia (“Bazán”, Fallos: 342:509), corresponde remitir la causa a la justicia nacional.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"De conformidad con los argumentos expuestos por el Fiscal General Adjunto reseñados en el punto 6 del título Resulta, a los que remitimos por razones de brevedad, corresponde asignar competencia al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 21." La jueza Ruiz señaló que, si bien mantiene discrepancias respecto a precedentes, la mayoría del Tribunal acepta la competencia de la justicia nacional en base a la naturaleza del hecho y la normativa aplicable. La diferencia con la postura de los juzgados locales radica en que la descripción del delito y la jurisprudencia vigente (incluyendo el precedente “Bazán”) justifican la competencia de la justicia federal. La sentencia remarca que, según la normativa y la jurisprudencia de la Corte Suprema, en conflictos entre juzgados de la misma jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad determinar la competencia, y en este caso, la mayoría optó por remitir la causa a la justicia nacional en virtud de los hechos y el marco legal aplicable.
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