GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en SIMUTIS, ALEJANDRA PATRICIA Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE EMPLEO PUBLICO (EXCEPTO CESANTIA O EXONERACIONES) - EMPLEO PUBLICO-DIFERENCIAS SALARIALES s/ OTROS PROCESOS INCIDENTALES
La regulación de honorarios de la abogada María Silvina Marengo por contestar el recurso extraordinario federal interpuesto por el GCBA fue ajustada por la Cámara y el Tribunal Superior, fijándose en $794.310, considerando la actuación y los parámetros legales, incluyendo los límites mínimos y proporcionales.
- Quién demanda: María Silvina Marengo en calidad de letrada patrocinante y apoderada de la parte actora.
¿A quién se demanda?
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Regulación de honorarios por la actuación en la contestación del recurso extraordinario federal.
¿Qué se resolvió?
Se regula la suma total de $794.310, incluyendo honorarios por la actuación como patrocinante y apoderada, con adición del IVA si correspondiere, conforme a los parámetros del art. 30 y art. 31 de la ley 5134, y principios de proporcionalidad y razonabilidad.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
La regulación inicial por la Cámara fue de $105.910,68, que fue ajustada por el Tribunal Superior considerando que la suma resultante, $794.310, respeta los límites mínimos y máximos legales, y se ajusta a la proporcionalidad y complejidad del trabajo realizado. La normativa de la ley 5134 establece que la regulación para actuaciones en segunda instancia o recursos ante el tribunal superior debe oscilar entre el 30% y 40% de la cantidad fijada en primera instancia, y que el mínimo legal para recursos ante el Tribunal Superior es de 20 UMA. La jurisprudencia y principios de proporcionalidad y razonabilidad justifican la fijación en la suma total de $794.310, que cubre tanto la actuación como la representación, ajustándose a los parámetros legales y jurisprudenciales. La decisión contempla que la regulación en base a los valores de UMA y los límites mínimos garantizan la accesibilidad a la justicia y evitan regulaciones desproporcionadas.
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