GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en GCBA CONTRA KORZ MARCELO SOBRE EJECUCION FISCAL

¿Quién es el actor?

Cecilia Laura Valera

¿A quién se demanda?

GCBA (Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
- Objeto de la demanda: Cuestionar la constitucionalidad y legalidad de la regulación de honorarios profesionales en el proceso de ejecución fiscal, específicamente por considerar que la regulación por parte de la Cámara fue inferior a los mínimos previstos en la ley 5134.
- Decisión del tribunal: La Cámara de Apelaciones confirmó los honorarios regulados en $3.037, por considerar que la aplicación de los mínimos legales resultaba irrazonable dado el monto del proceso ($15.182,70) y la labor desarrollada, justificando el apartamiento de los mínimos por la desproporción y la particularidad del caso. La queja fue rechazada por no evidenciar un caso constitucional ni arbitrariedad, y por ser una cuestión de valoración de hechos y derecho propio de los jueces de la causa.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La regulación de honorarios en instancias ordinarias es, en general, materia ajena a un recurso de inconstitucionalidad. La decisión de la Cámara explicó con fundamento suficiente el apartamiento del mínimo legal, basándose en la valoración de la labor profesional, la complejidad del asunto y la desproporción entre los honorarios mínimos y el monto en litigo. La sentencia recurre a jurisprudencia previa, especialmente la causa "Damonte", para sostener que la valoración de la labor profesional y la proporcionalidad justifican la decisión. La alegación de la recurrente de que la decisión viola el principio de legalidad y el derecho de propiedad no logra demostrar que la decisión sea insostenible o que exista una arbitrariedad que justifique su revisión en esta vía. La valoración de los hechos y la fundamentación del tribunal inferior no constituyen un acto arbitrario, sino una interpretación fundada en las pautas jurisprudenciales y legales aplicables. La decisión de la Cámara se ajusta a la normativa y a los principios constitucionales, en particular la proporcionalidad y la razonabilidad en la regulación de honorarios profesionales.