GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en PRIOLO ALFREDO ALEJANDRO CONTRA GCBA SOBRE EMPLEO PUBLICO (EXCEPTO CESANTIA O EXONERACIONES)

- La parte actora (GCBA) demanda la categorización de un inmueble en la calle Ramón L. Falcón n° 3746 en la categoría ‘B’ para la contribución de alumbrado, barrido y limpieza, reclamando que la valoración y calificación de ambientes sean ajustadas a la normativa vigente en 1994 y a la realidad constructiva.
- La sentencia de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda, ordenando recategorización y valorando los informes periciales. La Cámara de Apelaciones confirmó en parte y rechazó la apelación del GCBA, exceptuando la cuestión del período de reliquidación, que fue considerada arbitraria por la Sala III.
- El GCBA interpuso recurso de inconstitucionalidad alegando que la decisión vulneraba principios constitucionales, el principio de legalidad, y la correcta interpretación normativa, además de cuestionar la validez del período de reliquidación. La Cámara denegó en primera instancia y la sentencia en segunda instancia fue parcialmente revocada por el Tribunal Superior.
- La Corte concluyó que la queja del GCBA debía ser admitida parcialmente, principalmente respecto al período de reliquidación, por considerarse que la resolución impugnada no constituyó una fundamentación razonada sobre la aplicación del cambio de método de valuación fiscal iniciado en 2008, vulnerando el derecho de defensa.
- Se revoca la sentencia de la Cámara en cuanto a dicho punto y se ordena su revisión por jueces distintos, sin afectar la validez de la valoración de los ambientes y la categorización en sí misma.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

- La sentencia analiza la naturaleza del recurso, la valoración de la prueba y la correcta interpretación de la normativa infraconstitucional. Se destaca que la Cámara no abordó de manera adecuada el agravio del GCBA sobre el período de reliquidación, que fue modificado por la ley 2568 en 2008 y que su aplicación no fue debidamente considerada en la resolución impugnada.
- La Corte sostiene que la omisión configura vulneración del derecho de defensa y de los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica. La decisión de la Cámara fue en exceso de su discrecionalidad, y por ello se admite parcialmente la queja y el recurso de inconstitucionalidad, ordenando una nueva resolución respecto a dicho aspecto.