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GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en SANCHEZ, Laura Sofia CONTRA GCBA SOBRE OTRAS DEMANDAS CONTRA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA - GENERICO

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la queja del GCBA contra la denegación del recurso de inconstitucionalidad, confirmando la validez del rechazo por falta de configuración del caso constitucional y arbitrariedad.

Recurso de apelacion Desercion del recurso Fundamentacion del recurso Sentencia definitiva Falta de fundamentacion Cuestiones procesales Queja por denegacion del recurso de inconstitucionalidad Excepcion de inadmisibilidad de la instancia


¿Quién es el actor?

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA)

¿A quién se demanda?

Laura Sofía Sánchez y el GCBA en el marco de una acción contra una resolución administrativa y un proceso legislativo.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

La declaración de inconstitucionalidad de la resolución administrativa que declaró el inmueble de Sánchez como parte del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico, y el levantamiento de la medida cautelar sobre el inmueble.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la queja del GCBA por falta de mérito para configurar una cuestión constitucional, la inexistencia de arbitrariedad en la sentencia y la improcedencia del recurso de inconstitucionalidad. La Cámara de Apelaciones declaró desierto el recurso de apelación del GCBA y confirmó la decisión de primera instancia.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Las juezas Ruiz y Weinberg señalaron que la queja del GCBA no contenía una crítica suficiente a la resolución interlocutoria y que las cuestiones tratadas estaban circunscriptas a la aplicación de normas procesales, sin afectar derechos constitucionales relevantes. La jurisprudencia cita que "lo atinente a establecer la insuficiencia de los escritos de expresión de agravios remite al estudio de una cuestión de hecho y derecho procesal propia de los jueces de la causa, y ajena por regla al recurso de inconstitucionalidad". El juez Lozano agregó que la pretensión de la actora no requería agotar la instancia administrativa, ya que no se trataba de impugnar un acto administrativo de alcance general o particular, sino de determinar si la caducidad del trámite parlamentario afectaba el ejercicio del derecho. La interpretación del tribunal fue que la acción buscaba aclarar la vigencia de la catalogación preventiva, que no requiere transitar la vía administrativa en todos los casos. Los jueces Otamendi y De Langhe coincidieron en que la sentencia no es definitiva y que el GCBA no acreditó un perjuicio irreparable que justifique el recurso extraordinario, por lo que corresponde su rechazo. Fundamentos adicionales describen que la sentencia de la Cámara se ajusta a la normativa procesal y que las decisiones sobre la caducidad del trámite legislativo no implican una afectación constitucional. En conclusión, el tribunal consideró que no existía motivo para habilitar el recurso de inconstitucionalidad y que la resolución impugnada no constituía un acto arbitrario ni afectaba derechos constitucionales relevantes.

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