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CELA MABEL JULIA c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

La Sala de la Cámara Federal de la Seguridad Social revoca parcialmente la sentencia de primera instancia y confirma la invalidez del índice de actualización de la PBU establecido por el decreto 807/2016, en virtud de la inconstitucionalidad de la facultad adjudicada a la Administración Nacional de la Seguridad Social y la Secretaría de Seguridad Social para su fijación, en línea con los precedentes de la Corte Suprema. Además, ratifica la aplicación del índice de salarios básicos de la industria y la construcción para la actualización de remuneraciones en el período en cuestión y ordena el pago de diferencias a favor del actor.

Recurso de apelacion Inconstitucionalidad Seguridad social Jurisdiccion federal Indices de actualizacion Actualizacion previsional Decreto 807/2016 Ley 24.241 Derechos sociales. Poder del congreso

¿Qué se resolvió en el fallo?

La actora, Mabel Julia CELA, demanda a la ANSES solicitando la actualización de su beneficio previsional. La sentencia de primera instancia estableció que la normativa vigente, en particular el decreto 807/2016 y la resolución 56/2018, que fijaron el índice de actualización, era constitucional y procedía la aplicación del índice de salarios básicos de la industria y construcción hasta 2009, y el índice previsto en la ley 26.417 desde entonces. La Cámara revoca parcialmente esa decisión, argumentando que la ANSES y la Secretaría de Seguridad Social no tenían la facultad constitucional para dictar esas resoluciones, dado que la ley 24.241 y sus modificaciones no confieren a dichas entidades la atribución de fijar índices de actualización, lo cual viola el principio de división de poderes y la Constitución Nacional. La Sala cita numerosos precedentes, entre ellos el fallo “Blanco”, que señalan que la fijación del índice de actualización no puede considerarse dentro de las atribuciones de esas entidades, ya que implica una decisión de política económica que corresponde al Congreso Nacional. La Cámara también analiza la constitucionalidad del artículo 82 de la ley 24.241, concluyendo que la prescripción no opera en estos casos y que el interés del actor en obtener la actualización de su beneficio justifica la declaración de inconstitucionalidad de los decretos y resoluciones cuestionados. Además, ordena a la demandada abonar las diferencias derivadas del cálculo actualizado y regula las costas en ambas instancias.

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