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P. O. V. C/ M. M. V. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)

La Cámara de Apelaciones en daños y perjuicios en accidente automotor elevó las indemnizaciones y declaró la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 para ajustar los valores a la realidad económica vigente, confirmando las demás decisiones de primera instancia.


¿Quién es el actor?

O. V. P. en nombre propio y en representación de su hijo M. P. y su esposa V.

¿A quién se demanda?

M. V. M., M. C.M., N. S. SA, citada en garantía.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

indemnización por daños físicos, gastos médicos, lucro cesante, privación de uso y daño moral por accidente automotor ocurrido en Saladillo, año 2019.

¿Qué se resolvió?

La Cámara hizo lugar parcialmente a la apelación, elevando los montos indemnizatorios, declarando la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, y limitando la respuesta de la aseguradora al monto de cobertura contratado. Además, declaró la nulidad del recurso del gestor M. P. por vencimiento del plazo.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Se sostuvo que la representación invocada por el letrado de M. P. venció el plazo de 60 días hábiles para ratificación (art. 48 CPCC), declarando la nulidad del recurso por esa razón. En cuanto a la responsabilidad, se ratificó la responsabilidad de la conductora por exceso de velocidad, basada en la causa penal con autoridad de cosa juzgada, y en la valoración de la prueba pericial y la causa penal, que establecieron su culpa. La responsabilidad del accidente recae en la conducta negligente de la conductora, quien contravino los arts. 36, 39 inc. b, 50, 51 inc. e) 3 y 64 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, y no cumplió con reducir la velocidad en la encrucijada. En materia indemnizatoria, se aumentaron los montos por daños físicos a $21.000.000, gastos médicos a $500.000, privación de uso a $450.000 y daño moral a $10.000.000, atendiendo a la gravedad de las lesiones, las circunstancias del hecho, y la normativa aplicable, incluyendo la doctrina del caso "Barrios" para la actualización monetaria. Se declaró la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, por afectar la valoración del crédito, y se limitó la respuesta de la aseguradora a la cobertura del seguro contratada. Se impusieron

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