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CREDIL SRL C/ PAVARINI JOSE LUIS S/ COBRO EJECUTIVO

La Cámara de Apelaciones confirmó la modificación de la sentencia que ordenaba la ejecución del cobro de un préstamo, ampliando la liquidación de intereses y gastos. La resolución refuerza el control judicial sobre las tasas y accesorios pactados en contratos de mutuo, garantizando la proporcionalidad y la legalidad.

Recurso de apelacion Intereses moratorios Intereses punitorios Intereses compensatorios Morigeracion de intereses Control judicial Limites legales Proporcionalidad. Ejecucion de prestamo Garantias contractuales

¿Qué se resolvió en el fallo?

La demandante Credil S.R.L. interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 20/05/2025 que ordenaba llevar adelante la ejecución del préstamo por $54.048 más intereses, hasta el pago total del capital, intereses moratorios y punitorios. La apelación se fundó en la omisión de intereses compensatorios y en el criterio de liquidación de accesorios. El Fiscal de Cámaras propició la modificación de la sentencia para incluir intereses compensatorios desde la celebración del contrato hasta la mora, y la liquidación de intereses moratorios y punitorios desde la fecha de mora (11/04/2022). La Cámara consideró que la liquidación de intereses pactados debe ajustarse a los límites legales y principios de moralidad y buenas costumbres, que el ejercicio de control y morigeración es constitucional y necesario para evitar desproporciones. Se concluyó que los intereses pactados, incluyendo moratorios y punitorios, deben liquidarse en su totalidad, respetando las condiciones contractuales y los límites normativos. La sentencia modificada ordena continuar la ejecución con la liquidación de intereses y gastos desde la fecha de libramiento del pagaré y la mora, respectivamente, asegurando proporcionalidad y legalidad en la condena. Se deja sin efecto la morigeración automática de los intereses, permitiendo al juez de grado aplicar facultades de morigeración si la liquidación resulta excesiva. La resolución enfatiza la potestad jurisdiccional para revisar pactos de intereses y accesorios, garantizando la protección del orden público y las buenas costumbres.

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