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MENDEZ, NORBERTO SEBASTIAN c/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO ARGENTINO Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/DAÑOS Y PERJUICIOS

La Cámara Federal de Paraná confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, condenando al Estado Nacional por responsabilidad objetiva en caso de mala praxis médica, y rechazando la excepción de prescripción.

Responsabilidad objetiva Responsabilidad civil Indemnizacion Mala praxis medica Responsabilidad del estado Infeccion hospitalaria Dano corporal Camara federal. Responsabilidad por falta de servicio Amputation

¿Qué se resolvió en el fallo?

La demanda fue promovida por Norberto Sebastián Méndez contra el Estado Nacional – Ministerio de Defensa – Hospital Militar Central, reclamando reparación por daños derivados de mala praxis médica, con una indemnización de pesos veintidós millones setecientos treinta y cinco mil ochocientos sesenta y cinco con dos centavos. El actor, exsoldado y suboficial, sufrió una infección que derivó en amputación de su pierna izquierda, tras una serie de intervenciones y diagnósticos erróneos. La Cámara consideró acreditado el daño, la relación de causalidad y la responsabilidad del Estado por falta de servicio, en base a la prueba pericial médica que evidenció impericia, imprudencia y negligencia en la atención. La sentencia condenó a la parte demandada a abonar la suma de $14.010.975,40 más intereses. La Cámara rechazó los agravios relacionados con la prescripción, confirmando que el plazo de tres años comenzó a contar desde la última intervención y no desde el inicio de los síntomas en 2013. Asimismo, desestimó los argumentos sobre la inexistencia de responsabilidad, ratificando la responsabilidad objetiva del Estado y la falta de relación causal entre el daño y actos de servicio. En materia indemnizatoria, confirmó la suma por daño moral y gastos en tratamiento psicológico, y rechazó los cuestionamientos por daño estético y daño emergente. La sentencia fue impugnada por la parte demandada, pero la Cámara la confirmó en todos sus términos, imponiendo las costas a la parte vencida y regulando honorarios en un 33% de lo que oportunamente se determine en primera instancia.

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