KAPLUN, MARIA CAROLA c/ ANSES s/REAJUSTE DE HABERES
La Cámara Federal de La Plata modifica la sentencia de primera instancia y rechaza los agravios relacionados con la aplicación del índice RIPTE, declarando la inconstitucionalidad del art. 3 de la ley 27.426 en cuanto a su aplicación retroactiva, y confirma parcialmente el pronunciamiento en relación a la liquidación del beneficio previsional ajustada con intereses.
Actor: ANSES. Demandado: Maria Carola Kaplun. Objeto: Reajuste de haberes previsionales, actualización de remuneraciones, y declaración de inconstitucionalidad de ciertos artículos y decretos relacionados con la normativa de actualización de haberes. Decisión: La Cámara hizo lugar parcialmente al recurso de apelación de ANSES, revocando la aplicación del índice establecido en el art. 3 de la Ley 27.426 para períodos anteriores a marzo de 2009, y diferió el análisis sobre la inconstitucionalidad de los decretos del PEN para la etapa de ejecución, manteniendo la liquidación del beneficio con intereses y rechazando las críticas sobre la inconstitucionalidad del art. 2 de la ley 27.426. La decisión se fundamenta en que la actualización de remuneraciones debe ajustarse a lo dispuesto por el Congreso, en virtud del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y precedentes de la Corte Suprema, en particular el fallo “Blanco”.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
La Corte Suprema ha establecido que la actualización salarial y el cálculo de beneficios previsionales corresponde al Congreso, y no a la Corte, por lo cual los índices aplicados deben ser los que disponga la normativa vigente y constitucional. La declaración de inconstitucionalidad del art. 3 de la ley 27.426 en su aplicación retroactiva se basa en que la ley fue sancionada con efecto hacia el futuro, y la aplicación retroactiva generaría una disminución confiscatoria y regresiva en las remuneraciones devengadas hasta febrero de 2009. Además, la inconstitucionalidad del art. 2 de la ley 27.426 y de los decretos del PEN quedó pendiente para la etapa de ejecución, dada la insuficiencia de prueba en esa instancia. La sentencia también remite a la jurisprudencia de la Corte Suprema en los precedentes “Elliff” y “Blanco”, que subrayan la facultad del Congreso en la regulación de la actualización de salarios y beneficios sociales.
Ver fallo completo
Para acceder al fallo completo, ingresa tu email: