LOVESE GRACIELA ELIDA c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

¿Qué se resolvió en el fallo?

La actora interpuso un reclamo contra la ANSeS por reajustes en su beneficio previsional, específicamente en el cálculo del haber inicial y la actualización de las remuneraciones, solicitando la aplicación de los índices previstos en la ley 27.260, Decreto 807/2016 y la Resolución ANSeS 56/2018. La demandada se agravió de las decisiones judiciales relacionadas con los parámetros de actualización, la declaración de inconstitucionalidad del art. 9 de la ley 24.463 y la exención del impuesto a las ganancias, además de cuestionar la forma en que fueron impuestas las costas. El tribunal consideró que en materia de actualización de remuneraciones, la jurisprudencia del máximo tribunal, especialmente en las causas “Elliff Alberto c/ ANSeS” y “Blanco, Lucio Orlando c/ ANSeS”, ratificó la aplicación del índice de salarios básicos de convenio de la industria y la construcción, sin limitación temporal. También se destacó que, conforme a la ley 26.417, las remuneraciones deben actualizarse en función del índice combinado previsto en el art. 32, desde la fecha de adquisición del beneficio (3/8/2015) hasta la entrada en vigencia de dicha ley, momento en el cual se aplicará el mecanismo de actualización previsto en el art. 2 de la ley 26.417. Respecto a los agravios sobre el componente PBU, el tribunal entendió que no existe limitación temporal en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, por lo que se ratificó la actualización del mismo y el diferimiento dispuesto en grado. La declaración de inconstitucionalidad del art. 9 inc. 3 de la ley 24.463 se fundamentó en el perjuicio concreto y el carácter confiscatorio del tope aplicado a los haberes previsionales, en línea con la doctrina del Alto Tribunal. La inaplicabilidad del art. 14 punto 2 de la Resolución SSS 06/09 fue confirmada por remisión a precedentes. Se rechazaron los agravios relacionados con el impuesto a las ganancias, remitiéndose a la doctrina de la Corte Suprema. Finalmente, el tribunal confirmó la condena en costas a la demandada vencida y regularizó los honorarios en un 30% de la suma en primera instancia, con más IVA.