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EVEQUOZ, GERARDO GABRIEL C/ ESTADO PROVINCIAL S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-ORDINARIO

La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná rechazó la demanda de Gerardo Evequoz contra el Estado Provincial, confirmando la legalidad de las decisiones administrativas relacionadas con su promoción y sanciones, y descartando la existencia de discriminación o ilegalidad.

Derechos humanos Proceso administrativo Sanciones disciplinarias Discriminacion por discapacidad Igualdad de oportunidades Ascensos policiales Legalidad actos administrativos Valoracion antecedentes Reglamentacion policial Nulidad decisiones.


¿Quién es el actor?

Gerardo Gabriel Evequoz.

¿A quién se demanda?

Estado Provincial de Entre Ríos.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad de las decisiones administrativas (Resolución DJ 230/19, Decreto 150/19, Decreto 914/20), reconocimiento del derecho a ascenso, daños por discriminación y perjuicios patrimoniales.

¿Qué se resolvió?

Se rechaza la demanda en todas sus pretensiones, confirmando la legalidad de los actos administrativos cuestionados.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

El tribunal analizó los agravios de Evequoz relacionados con la valoración de antecedentes académicos, sanciones disciplinarias, notificaciones, fraccionamiento de sanciones, y discriminación por discapacidad. Concluyó que no existieron vicios de nulidad ni discriminación probada. El tribunal destacó que la documentación médica y testimonial no acreditó vínculo causal entre la discapacidad y el congelamiento en la carrera. Además, la valoración de antecedentes académicos fue considerada correcta y ajustada a la normativa vigente, y la distribución de sanciones disciplinarias en dos períodos fue legal y conforme a reglamentación. Se precisó que la conducta administrativa no mostró arbitrariedad ni discriminación, en atención a la carga probatoria insuficiente del actor y a la inexistencia de indicios claros, precisos y concordantes que acrediten trato discriminatorio por motivos de discapacidad. El tribunal también resaltó que la inhabilitación para el ascenso, en el momento de evaluación, impidió la valoración del pedido, y que las decisiones administrativas se ajustaron a la normativa vigente, sin vulnerar derechos constitucionales o convencionales.

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