GARROCHE, MARCELO JOSE c/ NESER S.C.A. -SENTENCIA COBRO DE PESOS-RUBROS LABORALES- s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
La Corte Suprema de Santa Fe declaró procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra una sentencia que fijó una remuneración sin considerar la prueba y la normativa aplicable, anula la sentencia y remite los autos para un nuevo pronunciamiento en análisis de la normativa laboral y las constancias probatorias.
- Quién demanda: Marcelo José Garroche
¿A quién se demanda?
Neser SCA
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Cobro de rubros laborales, en particular, la base de cálculo de indemnizaciones y la remuneración del actor
¿Qué se resolvió?
La Corte Suprema declaró procedente el recurso de inconstitucionalidad, anuló la sentencia impugnada y ordenó remitir los autos para que dicte un nuevo fallo, en atención a que la sentencia apelada incurrió en falta de fundamentación y apartamiento de la normativa aplicable, en particular, al aplicar de forma automática la presunción del art. 55 de la Ley de Contratos del Trabajo sin un análisis fundado y razonado de las constancias y escalas salariales existentes.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
La Corte analizó la admisibilidad del recurso y la procedencia del mismo, destacando que la sentencia impugnada omitió aplicar el criterio de sana crítica y evaluar la razonabilidad de la remuneración denunciada por el actor. La jurisprudencia nacional señala que "aunque los arts. 55 y 56 L.C.T., 56 L.O. y 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, crean una presunción a favor de las afirmaciones del trabajador, y facultan, en verdad, a los magistrados a fijar el importe del crédito de que se trata, esto debe hacerse 'por decisorio fundado' y 'siempre que su existencia esté legalmente comprobada' (Fallos:308:1078)". La Sala omitió considerar que en autos podía haberse evaluado la razonabilidad del salario denunciado, dado el CCT aplicable y la escala salarial, que en aquel momento establecía un salario básico de aproximadamente $2.043 y bonificaciones, lo que hacía desproporcionado el monto de $9.000 mensual alegado por el actor. La Corte concluyó que la sentencia recurrida careció de fundamentación suficiente y apartó la normativa legal, lesionando el derecho a la debida defensa y a un proceso fundado.
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